El consejero de Salud de la Junta, Aquilino Alonso, aseguró ayer que Andalucía sigue garantizando la atención sanitaria a más de 13.000 personas recluidas en los 19 centros penitenciarios de la comunidad, pese a que el Gobierno central haya interrumpido el convenio que lo regulaba.

Alonso explicó que este derecho se ha venido desarrollando en Andalucía a través de un convenio con el Ministerio de Interior desde 1995, que se interrumpió en 2012 por el Gobierno central de forma unilateral. El consejero de Salud lamentó que el Ejecutivo de Rajoy incumpliese una legislación "que daba respuesta a la complejidad que supone la atención sanitaria de personas reclusas y establecía la financiación de los recursos autonómicos". Además, manifestó su deseo de recuperar el convenio y mejorarlo.

Alonso anticipó que esta semana se desarrollará un debate sobre una proposición no de ley en la comisión de Salud del Parlamento andaluz que "de ser respaldada por todos los grupos parlamentarios, servirá para elevar al Gobierno de España el sentir de la Cámara en defensa del convenio como instrumento para garantizar una atención sanitaria de calidad a los reclusos".

El Defensor del Pueblo, Jesús Maeztu, por su parte, propuso integrar la sanidad penitenciaria en los servicios autonómicos de salud como mejor manera de garantizar una atención integral de estas personas enfermas, que actualmente deambulan entre dos sistemas sanitarios como son la sanidad penitenciaria y el Servicio Andaluz de Salud.

Maetzu presentará mañana en el Parlamento un informe acerca de las necesidades asistenciales de la población reclusa en Andalucía. Maeztu indicó que el grueso del informe contempla que las personas enfermas en prisión "tienen garantizada su atención tanto en atención primaria, por lo que no hay ninguna falta de cobertura".