El PSOE andaluz ha redactado una reforma del sistema de financiación de las autonomías donde la igualdad plena es el criterio mayúsculo de reparto entre las autonomías. Este texto será consensuado con el resto de partidos de la Cámara andaluza, y servirá de base a la negociación que la Junta mantendrá con el Gobierno central. "Se trata de una propuesta andaluza para la que no ha que pedir permiso a Madrid ni a ningún otro sitio", remarcó la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, en referencia a posibles injerencias de las direcciones nacionales de los partidos. El sistema necesita, según sus cálculos, 16.000 millones de euros más para alcanzar la suficiencia financiera, de los cuales 3.400 millones corresponden a Andalucía. La propuesta pasa por aumentar la participación de las comunidades en el 75% de la recaudación del IVA (ahora es del 50%) y de un reparto en el que la "población ajustada" se acerque a la real. Con las ponderaciones actuales, por la que se prima la dispersión o el envejecimiento de la población, la "población ajustada" de Andalucía es de 220.000 personas menos que las reales.

La propuesta fue presentada este miércoles a los medios por Montero y el portavoz socialista, Mario Jiménez. Unas horas antes, la consejera se lo explicó a las cámaras de comercio de Andalucía. La reforma del modelo no supone un cambio radical, sino que ajusta los cálculos para que el criterio esencial del reparto sea la población, ya que ésta es corregida en la actualidad por otros parámetros, caso de la dispersión territorial.

Estas correcciones tienen su base, ya que no incurre en los mismos gastos una persona de 40 años que otra de 70 o de 15 años, pero los ajustes han terminado por desvirtuar el reparto de fondos en función de la población. Como al sistema, en su totalidad, le faltarían 16.000 millones de euros, la Junta propone que la participación de las comunidades en el IRPF y en los impuestos especiales siga siendo el mismo, del 50%, pero el IVA llegue al 75%. Con estos impuestos se financian los servicios fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales), mientras que el resto de las competencias autonómicas (cultura, inversión, promoción económica, etcétera) que ahora dependen de varios fondos de difícil previsión, pasarían a ser financiadas con único fondo cuyo criterio de reparto también sería la población. Es lo que se llama pasar de la nivelación parcial a la totalidad.

Andalucía, junto a Valencia y Baleares, son las comunidades más perjudicadas por el sistema actual, que está caducado. Las razones son diversas, pero en el caso andaluz se debe a que se escogió como año base un ejercicio futuro que resultó a la postre el que más tradujo los efectos de la crisis en la caída de la recaudación. Con el sistema que propone la Junta, sólo perderían Cantabria y La Rioja, unos 200 millones de euros anuales, que serían compensados con una aportación extraordinaria el primer año. El problema surgiría con las comunidades donde más se recauda, ya que sus gobiernos solicitan un gran aumento de la financiación, proporcional a su renta.

Este es uno de los problemas del reparto de la financiación en España. El criterio de reparto es el de la población en lo que se refiere a los servicios fundamentales, pero también se desea primar a los territorios más ricos y eso resulta, en ocasiones, contradictorio. Baleares, con una renta del 20% por encima de la media, aspira a contar con unos recursos superiores al promedio. Y así Cataluña. O Madrid, que es la última en sumarse a las reclamaciones del bloque de las ricas. Una partición madrileña es que se compense por el concepto de capitalidad, aunque en realidad este factor se comporta más como un plus de recurso que como una minusvalía.

La propuesta andaluza cuenta con tres fondos. Dos de ellos son los principales, y sustituyen a la panoplia actual. El fondo de garantía de los servicios fundamentales debe financiar en condiciones de igualdad la educación, la sanidad y los servicios sociales. Se nutre de la participación autonómica en IRPF, IVA e Impuestos Especiales y reparte en función de una población ajustada. Para igualar este cálculo al real, la Junta propone que, en el caso de la educación, se tenga en cuenta también la población de 16 a 18 años, así como el número de matriculados en universidades públicas. Ahora, sólo se considera la población entre 0 y 16 años. Y para los servicios sociales, en cuyo cálculo sólo cuenta la población mayor de 65 años, se introduciría la tasa de paro y un índice de pobreza. En el caso de la sanidad, no propone cambios, a pesar de que considera desproporcionado el peso de la población mayor de 65 años en la fórmula. Lo que María Jesús Montero mantiene es que el gasto médico y farmacéutico se produce en el final de la vida, no a partir de los 65 años.

El resto de las competencias autonómicas se financiaría con un fondo de desarrollo autonómico, que se repartiría con criterios poblacionales. Ahora se nutre de tres fondos, de dos de los cuales no llega nada a la comunidad. Este fondo se nutriría del 100% de los impuestos cedidos a las comunidades más de una transferencia del Estado.

Y, por último, se propone un tercero para los tiempos de crisis, un fondo de reserva. En la pasada recesión, los servicios fundamentales se mal pagaron a base de dejar sin recursos a materias como la inversión y el fomento económico.

El cálculo de los 16.000 millones de euros que, supuestamente, faltan al sistema para cubrir sólo los servicios fundamentales se obtiene de tomar el año 2014 como referente. Fue un ejercicio de duros ajustes, donde el gasto fue eficiente: se necesitaron 16.000 millones de euros más, que salieron del resto de fondos y a base de incurrir en déficit. A Andalucía le faltan 3.400 millones de euros, que llegan a 4.000 millones si se consideran todas las competencias.

El PSOE ha presentado su propuesta a todos los partidos, menos al PP. Con los populares se reunirá esta mañana. Si se consensúa un texto, se aprobará en el Parlamento y será el que Montero defienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. De momento, el Gobierno central no ha abierto la negociación, aunque tiene el compromiso de que estos se cierre en 2018. La Junta desconfía de ello, cree que Moncloa lo atrasará hasta agotar la legislatura.