La Junta quiere estar en vanguardia en la gestión de la crisis de los refugiados, por lo que propondrá al Gobierno central, un proyecto para la atención e integración de aquellos menores peticionarios de asilo que han llegado a territorio europeo sin acompañamiento. La iniciativa, que requiere la aprobación del Ministerio del Interior, fue trasladada ayer por la jefa del Ejecutivo andaluz, Susana Díaz, a la representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en España (Acnur), Francesca Fritz-Prugda, con quien mantuvo una reunión en San Telmo.

El director de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Néstor Fernández fue el encargado de explicar un proyecto pionero en Europa que consiste en poner en disposición de Interior, con carácter inmediato, 25 plazas en el Centro SAMU de Motril para atender a sendos menores no acompañados que en la actualidad estén en Italia y Grecia. El objetivo es agilizar el proceso de reubicación sin perjuicio de una posterior ampliación de la oferta.

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez-Rubio, aprovechó su comparecencia rutinaria en la comisión de su departamento para manifestar que el objetivo es atender y proteger a los miles de menores no acompañados que piden asilo en Europa. Además, Sánchez Rubio se mostró confiada en que este proyecto "se haga extensivo" a otras regiones de la Unión Europea con el objetivo de "beneficiar a los menores que tienen dificultades". La consejera recordó que en 2015 en Europa entraron más de 90.000 menores no acompañados, frente a una propuesta de acogida por parte de la UE de 33 niños.

La representante de Acnur en España, que valoró positivamente la iniciativa andaluza, aseguró que el proyecto supone "es un estupendo paso adelante para cubrir esta laguna dramática de protección de menores", al tiempo que destacó que "no solo supondrá una diferencia enorme en la vida de estos 25 chicos, sino también porque corresponde a una necesidad inmensa". Además, manifestó que es un proyecto "muy interesante para demostrar la cooperación entre el Gobierno central, que tiene las competencias del traslado y la acogida, con una iniciativa de una comunidad autónoma, la primera en España, de una forma enfocada a la protección de los niños". "Espero que el Gobierno central lo apoye", apostilló.

El objetivo del acogimiento residencial es proporcionar a los menores refugiados la protección y cuidados necesarios, estableciendo medidas para facilitar su completa realización personal y su integración social y educativa. En el caso de jóvenes entre 16 y 18, también se aborda su integración laboral potenciando el desarrollo de programas de formación profesional e inserción laboral con el fin de facilitar su plena autonomía e integración social al llegar a su mayoría de edad.

El año pasado la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo subvencionó dos proyectos de acción humanitaria destinados a personas refugiadas de Jordania y Túnez a través de Acnur. Con una inversión de 1,5 millones, ambos se desarrollarán en 2016.

El primero de estos proyectos, dotado con un millón de euros, tiene como objetivo la protección y asistencia básica a familias sirias refugiadas en el campo de Zaatri y zonas urbanas de Mafraq, en Jordania. En total, se asiste a 18.000 familias. En este caso se presta especial atención a las mujeres refugiadas para que cuenten con información y protección legal, incluyendo la destinada a prevenir y afrontar la violencia sexual; garantizar una protección adecuada de niños y niñas en el campo de Zaatri; proporcionar asistencia para poder cocinar y mantener una temperatura adecuada en las viviendas durante el invierno.

El segundo de los proyectos consiste en la asistencia básica para población refugiada en tránsito en Túnez, por un importe de 500.000 euros. El proyecto tiene como objetivo contribuir a la protección internacional de la población compuesta por flujos mixtos esencialmente de refugiados y solicitantes de asilo en el país norteafricano. Entre las actuaciones previstas destaca la instalación de alojamiento de emergencia a 500 refugiados interceptados o rescatados en el mar y provisión de artículos básicos, También se proporcionará asistencia legal respecto a arrestos, detenciones y expulsiones, así como para evitar la trata de personas.