El Gobierno andaluz ha aprobado, a través de un decreto-ley, la regularización, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias de los estudios con finalidad de diagnóstico precoz o de detección de casos de infección activa, más conocidos como cribados poblaciones o comunitarios, que se realicen dentro de la comunidad autónoma.

De este modo, dichos estudios deberán ser autorizados previamente por la Dirección General de Salud Pública, tras la presentación de una solicitud de autorización por parte de los promotores, públicos o privados, de dicha iniciativa.

Esta solicitud deberá presentarse con, al menos, cinco días antes de la fecha prevista para su inicio en los registros de las delegaciones territoriales de Salud y Familias y deberá recoger motivación, causa y justificación de la intervención por parte de profesional sanitario competente, así como criterios de selección de la población diana, protocolos de actuación y responsabilidad del coste del mismo por parte del promotor.

De igual modo, deberá contemplar una previsión tanto de las pruebas complementarias que vayan a realizarse y de las acciones que se precisen a la luz de los resultados obtenidos. Una vez conocidos dichos resultados, deberá emitirse un informe final en un plazo no superior a 24 horas a la finalización del mismo.

Por su parte, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica comprobará y evaluará la documentación e información aportada con el objeto de determinar la adecuación del estudio propuesto en el marco de la estrategia de vigilancia epidemiológica del SARS-CoV-2, emitiendo la correspondiente resolución.