La Fiscalía Anticorrupción dio un nuevo toque de atención a la juez que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos en la Junta y reclamó que Mercedes Alaya agilice la instrucción con la citación de imputados que llevan hasta dos años y medio señalados y aún no han pasado por los juzgados. El Ministerio Público advierte de las consecuencias de esta demora, no sólo por la garantía de los derechos de los imputados, sino también por la adopción de medidas cautelares que permitan, como en el caso de las mediadoras, reintegrar cuanto antes el dinero público defraudado. Además, hay un aviso serio de que estos delitos puedan prescribir.

Vuelve de nuevo la presión sobre la manera de llevar la instrucción de Alaya una vez que ha alcanzado los 116 imputados -la mitad sin declarar-, con los dos últimos autos conocidos de 28 de junio (20) y 31 de julio (23). En agosto la juez encontró alivio en la opinión de la Audiencia de Sevilla, que señaló que la juez debe "apurar y depurar" la instrucción.

La Fiscalía vuelve a cuestionar los tiempos marcados por Alaya y marca como prioritarios a 24 imputados que llevan esperando declarar, algunos desde marzo de 2011, por lo que urge a fijar un calendario "a la mayor brevedad". Los casos más destacados los protagonizan Antonio Rivas, ex delegado de la consejería de Empleo en Sevilla, imputado desde marzo de 2011 y que aún no ha declarado, en la misma situación que y el ex gerente de Mercasevilla Fernando Mellet o los primeros intrusos encontrados como el ex dirigente del PSOE Antonio Garrido Santoyo. También figura Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del ex presidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, en la hornada de imputados del 5 de marzo de 2012 junto al ex alcalde de El Pedroso José Enrique Rosendo o José María Sayago.

Además, Anticorrupción alerta sobre el riesgo de que prescriba la reclamación de cantidades a 14 empresas como Jerez Industrial, Algodonera de Córdoba, Hijos de Andrés Molina, San Carlos, Santana Motor, Yogures Andaluces, Refractarios y Derivados o el Bufete Olivencia Ballester. También recuerda que cinco personas detenidas en marzo pasado en la Operación Heracles contra aseguradoras y bufetes de abogados aún no han comparecido.

De cara a la declaración como imputados en este mes de dos ex directores generales de Presupuestos de la Junta, Anticorrupción pide que la Cámara de Cuentas aporte sus conclusiones sobre los procedimientos de ejecución presupuestaria de la Junta y a la Guardia Civil que informe sobre el estado de sus investigaciones.

La Fiscalía reclama también que identifique a los directores de los bancos que utilizaron los imputados para cobrar sobrecomisiones.

Anticorrupción reconoce que el caso de los ERE es de gran "complejidad y extensión", pero alerta de los riesgos que existen y por ello pide a Alaya que adopte "todas las medidas de refuerzo que permitan afrontar la causa con refuerzos humanos y materiales suficiente".