La nueva ronda de declaraciones de la juez Mercedes Alaya en el escándalo de los ERE fraudulentos ha puesto de manifiesto, de un lado, que ninguno de los vocales del consejo rector tienen intención de prestar declaración -hasta ahora todos los que han comparecido se han acogido a su derecho a no declarar y ya van 15 imputados-, y que la Fiscalía Anticorrupción está limitando la petición de fianzas civiles sólo a las personas que ocuparon la mayor responsabilidad en IDEA: los que fueron directores generales.

De esta forma, el Ministerio Público reclamó ayer una fianza civil de 6.769.284 euros para el ex director general del IFA Francisco Mencía, quien ocupó el cargo entre enero de 2003 y mayo de 2004. Antes había pedido 26 millones de fianza para el ex director del IFA Miguel Ángel Serrano, y ocho millones para Jacinto Cañete.

Como los otros directores de IDEA, Francisco Mencía se negó a declarar y la juez no le preguntó siquiera si ratificaba la declaración prestada ante la Guardia Civil. En esa declaración ante la Unidad Central Operativa (UCO), Mencía señaló que "siempre tuvo la sensación" de que existía en la Consejería de Empleo un "interés especial para favorecer" a la Sierra Norte de Sevilla. El ex alto cargo afirmó que está "totalmente seguro" de que tanto el entonces consejero de Empleo y presidente del IFA José Antonio Viera, como su sustituto Antonio Fernández y el director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero "tenían relación con los empresarios beneficiarios de las ayudas", hasta el punto que llegó a afirmar que el conocimiento que tenían de los convenios y ayudas "era total, mucho mas que el conocimiento que él pudo llegar a tener".

Francisco Mencía también dijo que en un consejo rector celebrado el 30 de enero de 2004 y presidido por Viera que éste le habilitó para suscribir 15 convenios, cada uno por importe de 1,2 millones, una cuantía que considera fue estipulada para que no tuvieran que ser "ratificadas por el Consejo de Gobierno" de la Junta, ya que si superaban ese importe debían pasar ese trámite.

Otros tres imputados que fueron vocales del consejo rector de Idea también comparecieron ayer en el juzgado: el secretario general técnico de Abengoa José Domínguez Abascal, el presidente de la Corporación Tecnología de Andalucía, Joaquín Moya-Angeler Cabrera, y el ex viceconsejero de Relaciones Institucionales Juan Carlos Soriano Hernández, quienes de la misma forma se acogieron a su derecho constitucional a no declarar y a los que ninguna de las acusaciones pidió ninguna medida cautelar real.

Sólo la acusación popular que ejerce el sindicato Manos Limpias dijo que dejaba a criterio de la juez la posibilidad de que se imponga alguna fianza civil, pero sin solicitar ninguna expresamente. Alaya suspendió además la declaración de otras dos vocales prevista para la jornada del pasado jueves, Isabel de Haro Aramberri -que fue secretaria de Desarrollo Industrial- y Pilar Rodríguez López -secretaria general de Telecomunicaciones-, porque no les había sido notificado el auto del pasado 13 de mayo en el que fueron imputados los vocales del consejo rector. Ambas han sido citadas de nuevo para el próximo 5 de junio, día en el que también comparecerá el presidente de Unicaja, Braulio Medel.

Un último imputado, Ángel Garijo, secretario general de Innovación, no ha comparecido porque al parecer tampoco ha recibido la citación. Con los cuatro nuevos imputados que ayer no declararon, son ya 15 las personas que se han acogido a su derecho de los 25 imputados cuya declaración había sido fijada para esta semana, aunque tres ya están citados para el 5 de junio.