El turno de Antonio Fernández, uno de los sospechosos habituales de la juez Mercedes Alaya en el caso de los ERE. El que fuera consejero de Empleo entre los años 2004 y 2010 declarará hoy ante el tribunal que enjuicia el denominado "procedimiento específico" de los ERE con el hándicap de la disfonía que padece desde hace meses y que ya motivó el aplazamiento hasta este momento de su declaración en la vista oral.

Fernández declara cuando la mayoría de los 22 ex altos cargos ya lo han hecho, dado que tras él sólo faltan por declarar los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y el ex secretario general técnico de Empleo Juan Francisco Sánchez García.

Con anterioridad, el ex consejero de Empleo declaró en la fase de instrucción ante la entonces titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, en una declaración que tuvo lugar en abril de 2012 y que se prolongó durante cinco días hasta que la noche del pescaíto de la Feria de Abril, la instructora decidió enviar a Fernández a la cárcel, de la que saldría tres meses después tras abonar una fianza de 450.000 euros.

En aquella declaración, sobre la que la Fiscalía le preguntará hoy a Antonio Fernández si la ratifica -muchos de los acusados que le han precedido no la han ratificado porque consideran que las mismas no reflejan fielmente lo que dijeron-, el ex consejero defendió que el sistema por el que se concedían las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis "era y sigue siendo legal", dado que lo conocía el Consejo de Gobierno de la Junta porque "no había nada ilegal".

Fernández admitió entonces que las ayudas eran "discrecionales, pero no arbitrarias" y, al mismo tiempo, destacó que se concedían siguiendo un "criterio político" de mantener la paz social y las ayudas a empresas en crisis en una etapa de especial conflictividad laboral en Andalucía.

El ex consejero aclaró que había unos "requisitos de hecho" para solicitar las ayudas y consideró que no había que dar publicidad a las mismas puesto que las organizaciones sindicales y empresariales las conocían a través de los acuerdos de concertación social y porque estaban recogidas en la ley de presupuestos de la Junta, argumentos sobre los que ya han incidido otros ex altos cargos acusados cuando han rendido testimonio ante el tribunal.

Sobre el convenio marco de 2001 por el que se tramitaban las ayudas, Fernández explicó que era "más operativo y global" y posibilitaba cumplir los objetivos del Consejo de Gobierno para las ayudas a los trabajadores, a empresas en crisis y a determinadas zonas de la comunidad autónoma, pero rechazó que el sistema pretendiese evitar la fiscalización de los órganos de control de la Junta. El ex consejero reconoció que fue informado de los reparos de la Intervención General de la Junta por el ex viceconsejero, Agustín Barberá, pero estimaron que el sistema "seguía siendo viable".

Aquel extenso interrogatorio de Alaya fue bronco por momentos y dejó algunas perlas, como cuando la instructora le pidió que "asumiera la responsabilidad que le correspondía como consejero" y dejara de "andarse por las ramas".

En aquella declaración, el ex consejero de Empleo se enfrentó a los abogados Luis García Navarro y Lourdes Fuster, que ejercen la acusación popular del PP-A, al rechazar que se calificara como fondo de reptiles la partida presupuestaria 31L, de la que salían las ayudas. "No le admito que utilice el término fondo de reptiles, eran fondos presupuestados", aseveró Fernández, quien, no obstante, terminó su declaración lamentando no haber ejercido un mayor control sobre la gestión de su equipo de gestión. "¿Cómo podría yo haber evitado esto", fue la última frase que pronunció Fernández a preguntas de su abogado.