Susana Díaz no quiere ni oír hablar del adelanto electoral. La oposición, con el PP a la cabeza, lleva meses encargándose de recordar que la presidenta ya tiene experiencia en disolver el Parlamento antes de tiempo. Con la misma insistencia, la líder socialista lo desmiente cada vez que puede. Y para muestra -defienden ella y los miembros de su partido- el debate sobre la comunidad que se celebra esta tarde en el Parlamento.

Díaz no hablará "ni un minuto" sobre aritmética electoral. Su intención, aseguró, es tender la mano a la oposición para buscar acuerdos que permitan desarrollar el resto de compromisos de su Gobierno, la mayoría procedentes de su pacto de investidura con C's.

Esta postura tiene mucho sentido, sobre todo si se mira hacia el reciente acuerdo logrado en el Parlamento para que el Ejecutivo cuente con el respaldo del legislativo en la reforma del sistema de financiación autonómica. El consenso se quedó a nueve escaños -los de Ciudadanos y su ex, la diputada no adscrita- y abrió una suerte de cisma entre Díaz y su "socio preferente", Juan Marín. La presidenta se había propuesto sacar adelante dicho acuerdo y lo hizo apoyándose en la izquierda, a la que ha sido refractaria toda la legislatura, y con el concurso final -y sorpresivo- de los populares.

Teresa Rodríguez recogió el lunes el guante del diálogo desde la Feria del Caballo para que Díaz "deje de mirar a su derecha". Su compañero de confluencia, Antonio Maíllo, que vio resquebrajarse el Gobierno con IU en 2015, espera que Díaz sea "honesta" y no les "tome el pelo". El PP responde con más diálogo tras la débil entente sobre financiación. Marín sigue escenificando la ruptura, pero ya guiña un ojo a María Jesús Montero para ver si puede arrancar otra bajada fiscal en los Presupuestos de 2019. Díaz, por cierto, ha dicho ya que aspira a aprobar las cuentas, aunque no las necesita para agotar la legislatura. Entonces, ¿las urnas para cuando?