El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, ha afirmado hoy que el cumplimiento del Estatuto de Cataluña "impide" el acuerdo entre las comunidades autónomas sobre el modelo de financiación autonómica, mientras que cumplir con el Estatuto de Andalucía "sí permite" el acuerdo entre todas las regiones.

En su intervención en la reunión del Comité Ejecutivo del PP de Andalucía, Arenas ha señalado que la posición de su partido respecto a la financiación autonómica parte de la posición del "diálogo de todas las comunidades" para alcanzar un acuerdo, y del rechazo de la negociación bilateral entre el Gobierno y una comunidad autónoma.

Según Arenas, lo que diferencia el modelo de financiación autonómica recogido en el Estatuto de Andalucía del que aparece en el catalán es la existencia de una negociación multilateral, el mantenimiento de la suficiencia económica, y la igualdad y la solidaridad entre las regiones.

El líder del PP ha hecho público el modelo de financiación por el que apuesta su partido, basado en el "respeto" por el marco multilateral definido en la Constitución y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que supone llegar un acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Tras destacar que la reforma de los estatutos autonómicos ha abocado a la "necesaria y urgente" revisión de la financiación autonómica vigente, ha reiterado el "compromiso" del PP a un modelo general y estable de financiación, en los que los principios de autonomía y suficiencia financiera, como la solidaridad y la igualdad constituyen las bases del sistema.

Además de respetar el marco multilateral recogido en la Carta Magna, el PP considera "imprescindible" que se respete el principio de lealtad institucional recogido en la LOFCA, de forma que se compense a las autonomías por las decisiones del Estado que supongan incremento de sus gastos o disminución de sus ingresos.

Arenas, que ha recordado que el grupo de trabajo creado en el seno del CPFF lleva años sin ser convocado, ha añadido que la Constitución recoge que se debe dotar a las haciendas autonómicas de suficiencia financiera con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad.

El reequilibrio territorial, la corrección de los desequilibrios interterritoriales y la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios fundamentales en todo el territorio español son otros elementos que debe contemplar el modelo de financiación por el que ha apostado hoy el dirigente popular.

Javier Arenas ha destacado también la necesidad de garantizar y desarrollar en el sistema de financiación la autonomía financiera de las comunidades, procurar la suficiencia financiera de las mismas, y recoger la solidaridad, que implica, a su juicio, la igualdad al acceso de los servicios públicos esenciales de los ciudadanos, al margen del lugar en el que residan.

Este precepto, a juicio del dirigente andaluz del PP, es una obligación y una responsabilidad "irrenunciable" de las propias comunidades autónomas, que deben prestar a sus ciudadanos "los servicios públicos asumidos en un adecuado nivel, bajo un ejercicio responsable de su autonomía financiera".

El PP pide que el nuevo modelo garantice que las comunidades no pierdan recursos respecto a la situación actual y la consecución de la suficiencia financiera; que se mantenga el equilibrio del sistema para que la autonomía financiera y la solidaridad sean la adecuada para cubrir las necesidades; y que se aborden el completo desarrollo de todos los elementos que conforman el modelo actual, especialmente las asignaciones de nivelación.

Adecuar el modelo a las necesidades reales del gasto, de modo que no se reduzca el Fondo de Suficiencia; lograr que el Fondo de Cohesión Sanitaria sea un "verdadero instrumento de corrección de desigualdades" entre comunidades; y duplicar el Fondo de Compensación Interterritorial, son otras reclamaciones del PP.

Finalmente, los populares apuestan por garantizar la ejecución final de los créditos contemplados para las comunidades, de forma que se cumplan las inversiones regionalizadas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).