El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, evitó ayer una respuesta categórica sobre cómo se aplicará en los ayuntamientos y diputaciones que pasarán a gobernar el PP como resultado de las elecciones del pasado 22 de mayo los planes de austeridad y ahorro y si éstos conllevarán una reducción del empleo público. Ésta es la principal motivación de los líderes sindicales de UGT, Manuel Pastrana, y de CCOO, Francisco Carbonero, que ayer iniciaron en la sede popular una ronda de reuniones con los partidos políticos andaluces para reclamar, conocedores de la asfixia financiera de las administraciones locales, el mantenimiento del empleo público, esto es, sin expedientes de regulación de empleo (ERE) ni despidos masivos.

Preguntado al respecto, Arenas puso como última y drástica medida la aplicación de un ERE, porque pondría de manifiesto que esa entidad está en quiebra, y la calificó como una "propuesta de emergencia que no se contempla en estos momentos, aunque permítanme un 5% de cautela hasta que se conozcan todas las cuentas" de estas administraciones. Arenas puso el ejemplo de Jerez de la Frontera, donde la anterior alcaldesa socialista planteó un ERE que finalmente no se llevó a cabo. "Julio será muy importante para conocer la situación real de los ayuntamientos y diputaciones", añadió Arenas.

El PP andaluz ha emulado la denuncia de su homólogo en Castilla-La Mancha y también se queja de la transparencia económica de los anteriores ejecutivos. Horas antes en rueda de prensa, el secretario general de la formación, Antonio Sanz, denunció que se han visto "furgonetas saliendo de madrugada llenas de documentación" del Ayuntamiento de Jaén y que en el municipio sevillano de Estepa, en el viernes previo a la jornada de reflexión, se aprobaron créditos por valor de ocho millones de euros y el alcalde abrió la sede de una empresa pública de una patada en la puerta para llevarse un ordenador. Sanz añadió que ejecutivos locales socialistas en funciones están adoptando decisiones que están fuera de la ley, como convocatorias de concursos de méritos para hacer fijos a trabajadores en las administraciones locales y entrega de subvenciones a ONG y a ayuntamientos socialistas. Estas situaciones, aseguró Sanz, serán puestas en conocimiento de los tribunales.

Arenas expuso a los sindicatos que la idea del PP pasa por el momento por la reducción de las estructuras políticas, es decir, altos cargos. En el ojo del huracán están las empresas públicas locales, lo que conllevaría la salida de empleados públicos. El presidente popular señaló que para tomar una decisión "se necesita conocer el resultado de las auditorías y el modelo de empresa pública que se obtendría como consecuencia de esa racionalización". 

Por lo tanto el compromiso de Arenas con los sindicatos en materia de empleo se quedó en una genérica defensa de los derechos de los trabajadores. La idea que se baraja en el seno del PP, según pudo conocer esta redacción de fuentes populares, es que no haya conflictos laborales en los ayuntamientos hasta que pasen las elecciones autonómicas y generales. Como describe una de esas fuentes de forma cristalina: "que no se mueva nada que no sea necesario".

La petición de las centrales sindicales se recogen en un documento que también recibirán PSOE, IU y PA. El PSOE hasta ayer no había contestado a la petición de convocatoria de reunión, que UGT y CCOO comenzaron con el PP por ser el partido con mayor número de votos el 22-M. Arenas no desaprovechó la oportunidad y presidió la reunión tras participar horas antes en Madrid el comité director del PP nacional.

Estas reuniones preventivas de CCOO y UGT pasan por reclamar a los partidos que se evite un tijeretazo en el empleo público que no sea previamente acordado con los representantes de los trabajadores, bajo la consigna de que no se puede permitir una mayor destrucción de puestos de trabajo. Como alternativa, proponen una serie de medidas como la elaboración de planes locales de empleo, propuesta acuñada hace meses