El Ayuntamiento de la localidad gaditana de Los Barrios atraviesa una crisis económica sin precedentes que está pasando factura a la regidora municipal, la socialista Ángeles Ariza. La oposición, los sindicatos y su propio partido exigen la dimisión de la alcaldesa cuando se acaban de cumplir diez meses desde su investidura en sustitución de Alonso Rojas, inhabilitado por desobedecer a la justicia.

Siete de los diez concejales del grupo municipal socialista esgrimen la situación de las arcas municipales, con el retraso en el pago de los salarios a los 560 empleados municipales, como razón para exigir ante la Ejecutiva provincial de los socialistas que la máxima responsable municipal tire la toalla. Las críticas arreciaron una vez pasada la Semana Santa, justo cuando el diario Europa Sur, que edita el Grupo Joly en la comarca del Campo de Gibraltar, reveló supuestas irregularidades urbanísticas en la venta de una parcela en la zona de Guadacorte muy por debajo de su valor por parte del equipo urbanístico en una etapa donde Ariza aún carecía de la responsabilidad al frente del Consistorio. Estos hechos, que ya investiga la Fiscalía de Algeciras, hicieron saltar la última chispa.

Por su parte, el único concejal de Izquierda Unida y socio del gobierno condiciona su continuidad a que se solucione cuanto antes una crisis que ha llegado a oídos de los socialistas a escala provincial y regional voceada por el denominado sector crítico y amparada por el secretario local, a la sazón el anterior alcalde, quien ya ha logrado apartar a la regidora de la candidatura a las elecciones de 2011. Ariza, fiel a su postura, ha mantenido hasta el momento su intención de seguir al frente con nervios de acero a pesar de cruzarse cada día con las protestas de los sindicatos y tener una huelga general en ciernes si no abona a tiempo los salarios de abril.

Cuando accede a la Alcaldía, en junio de 2009, no sin unas primeras tensiones en parte del grupo que apostaba por Juan Montedeoca (militante histórico e integrante de la línea continuista), Ariza encuentra un agujero económico de 110 millones de euros -según los datos difundidos por la oposición- y una caja con poco más que telarañas como herencia del periodo en que Montedeoca estuvo al frente del área económica.

La regidora se enfrenta desde la primera jornada de su mandato a la tarea de buscar recursos para abonar los salarios a los 560 trabajadores, una cifra que supone una de las mayores ratios de la comarca campogibraltareña con un funcionario por cada 40 habitantes y un coste salarial anual de 19.468.671,17 euros sobre un total de 65 millones de presupuesto, según las últimas cuentas en vigor, las de 2009.

Así mismo, cinco meses antes de tomar entre sus manos el bastón de mando, el anterior alcalde y la concejal de Personal acordaron con los sindicatos un nuevo convenio colectivo con una subida de 285 euros para cada trabajador en cuatro años, a contar desde 2008, generándose una bolsa de atrasos inconmensurable. Los primeros intentos de Ariza para regularizar la concesión de complementos salariales que habían sido asignados de manera arbitraria -según un informe municipal- encontró la férrea oposición de los sindicatos, así como la propuesta de congelar los sueldos (los del gobierno ya lo estaban desde 2008).

Todo ello en un municipio que se había jactado de generar en la última década el principal parque comercial y de ocio de la provincia en convivencia con industrias como fuentes que se antojaban inagotables en ingresos y desarrollo. Hubiera sido así de no haber contado con una errónea política de gasto que estalla en las manos de la regidora recrudecida por la crisis económica y donde se habían hipotecado ingresos previstos a través de adelantos. Sólo en el caso de la parcela de Guadacorte, el Consistorio había recibido 2,5 millones de euros como adelantos de la operación que fueron destinados, en su mayoría, a pagar nóminas.

Como muestras de la política económica que había llevado a cabo el gobierno socialista precedente, cabe destacar que el gerente de la empresa municipal Iniciativas Los Barrios, Juan Sandubete, cobraba 108.000 euros anuales, más que el presidente del Gobierno y de la Junta de Andalucía. Una de sus primeras decisiones, tras trascender el salario, fue su destitución.

Pero el ahorro generado con esta medida no resultó suficiente si se tiene en cuenta que Los Barrios es el primer municipio del país en deuda con la Seguridad Social, con algo más de 30 millones de euros, generados por el impago de las cuotas salariales de los trabajadores durante largos años, cuestión que mantiene embargadas las transferencias mensuales del Estado porque el anterior gobierno incumplió en dos ocasiones los calendarios de pago fijados con Hacienda.

Tampoco se cumplió con el pago a la empresa concesionaria del transporte urbano, Transportes Comes, que dejó el municipio tras tener pendiente de pago 600.000 euros generados entre los años 2002 y 2008. Una cantidad similar se adeuda en el consumo energético de un centro transformador desde el año 2003, lo que ha provocado ahora el corte del suministro a numerosas dependencias municipales, al igual que el teléfono: los concejales no pueden utilizar sus móviles porque Vodafone apremia el pago de facturas de años atrás y Telefónica también exige en este sentido.

No hay dinero para pagar a las gasolineras, numerosos comercios tienen cerrados su mostrador a los trabajadores municipales y ni siquiera hay fondos para pagar los sellos con los que remitir las cartas porque Correos, esta misma semana, ha dicho basta.

A finales del pasado año hubo que cerrar la destilería municipal que se hizo cargo de la afamada y centenaria marca de licores Cózar porque desde la asunción de la producción el equipo económico no había pagado los impuestos sobre el manejo de alcoholes y regaló durante varias navidades seis botellas al medio millar de empleados como aguinaldo.

Otros 600.000 euros salían cada año de las arcas municipales para mantener en la segunda liga nacional de baloncesto al equipo local y que contaba con el beneplácito del anterior alcalde como apuesta personal que acabaron con el final de la temporada.

A pesar de esta herencia, el presidente de la Diputación Provincial y secretario del PSOE de Cádiz, Francisco González Cabaña, sugirió a los sindicatos esta semana que la situación económica mejoraría si se producía la marcha de la alcaldesa. Cambios para que nada cambie.