La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, la que resuelve los recursos de los ERE, ha dictado un nuevo auto en el que insiste en culpar a la Fiscalía Anticorrupción del galimatías generado en torno a la delimitación del objeto del juicio a los ex altos cargos, al considerar que el proceso "se ha visto desbordado por la propia Fiscalía Anticorrupción (y las demás acusaciones que han formulado acusación y que nada han dicho en este recurso y otros similares) al acusar asimismo por delito continuado de malversación, esto es, por el uso de ese procedimiento" específico que está siendo actualmente juzgado por la Sección Primera de la Audiencia.

En el nuevo auto, que tiene fecha del 21 de marzo, el tribunal rechaza el recurso de apelación planteado por el Ministerio Público contra la decisión de la juez María Núñez Bolaños de excluir al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, en relación con la ayuda de 78.130 euros concedida en 2003 al Ayuntamiento de la Puebla del Río por la dirección general de Trabajo para financiar el material necesario a imparte con el proyecto de seguridad e higiene de prevención de riesgos laborales del Plan Integral de Empleo, con cargo a la partida 31L.

En este sentido, los magistrados de la Sección Séptima explican que la razón de que hayan dictado varias resoluciones excluyendo a acusados en el denominado "procedimiento específico" como investigados en las otras piezas separadas es "consecuencia de la dimensión que las propias acusaciones en aquel proceso han querido dar a su contenido fáctico, esto es, a su objeto, de forma que lo que parecía que iba a tener por objeto el diseño y puesta en marcha del denominado procedimiento específico con todas sus variantes" se ha extendido al introducir la malversación.

El tribunal añade que "lo que es del todo incomprensible es que se espere que este tribunal permita, vulnerando la Constitución, que tales acusados vuelvan a ser investigados y enjuiciados separadamente por cada uno de los hechos contenido en la acusación en la pieza principal, en la que son acusados -reiteramos- por delitos continuados de prevaricación y malversación con petición de indemnizaciones, en muchos casos, millonarias. Desde luego, no es razón para sostener lo contrario que las acusaciones no hayan precisado, como hubiera debido hacerse, los nombres de las empresas implicadas", sentencia la Audiencia.

La Fiscalía Anticorrupción ha sido la única acusación que ha recurrido la exclusión de Antonio Fernández en esta pieza separada por las ayudas al Ayuntamiento de la Puebla del Río, y a la misma se dirige expresamente la Sección Séptima en otro de los párrafos destacados del auto. "Finalmente, dicho sea con los debidos respetos, carece de fundamento invocar como argumento a favor de la estimación del recurso autos dictados por este mismo tribunal permitiendo que otros imputados sean investigados en piezas separadas, puesto que se trata de personas inicialmente imputadas en el procedimiento específico respecto de quienes se permitió lo anterior precisamente al estimarse sus recursos de apelación contra el auto de apertura de la fase intermedia y ser excluidos de esta causa matriz por no estimarse debidamente justificada su participación en la ideación de aquel procedimiento", argumentan los jueces.

De la misma forma, la Audiencia señala que debe quedar "claro" que "no se puede confundir la idea que para esa formación de piezas separadas pudo presidir el diseño tenido en mente por la propia Fiscalía Anticorrupción, hoy apelante, con el contenido de hechos que finalmente se ha terminado dando a la pieza principal del denominado procedimiento específico". Así, el tribunal confirma que sólo habrá un único juicio para los ex altos cargos que están siendo actualmente juzgados en la pieza política.