Hasta ahora no había trascendido por qué los secuestradores de Rafael Ávila Tirado, el empresario sanluqueño que estuvo retenido 16 días en un chalé en Almonte (Huelva), habían rebajado tanto sus pretensiones iniciales. Por qué de los 10 millones de euros (unos 1.665 millones de las antiguas pesetas) que pidieron al principio, a la mañana siguiente del secuestro bajaron a la quinta parte, dos millones de euros (unos 333 millones de pesetas), el rescate que el propio hermano del secuestrado reconoció públicamente que les habían pedido por la liberación de Rafael Ávila.

Ahora, a medida que avanzan las investigaciones sobre la retención ilegal y el cautiverio a que la peculiar banda montada por el cerebro de la operación, el conocido estafador Luis Miguel Rodríguez Pueyo, y su compinche Manuel Ibáñez, sometió al empresario sanluqueño, comienzan a desvelarse nuevos datos. Entre ellos, uno crucial: que fue el propio secuestrado el que de alguna manera logró convencer a sus captores para fijar en dos millones de euros el pago de su rescate. Y que también fue él quien dio instrucciones a su familia sobre la forma en que podían obtener el dinero. Entre otras posibilidades, Rafael aludía a la venta de unos terrenos cuyo pago estaba pendiente.

Estas instrucciones manuscritas del propio secuestrado fueron incluidas en una carta que sus secuestradores enviaron al intermediario de la familia, un amigo íntimo del empresario sanluqueño de 45 años, al que recurrieron al considerarlo un "conducto más fiable" que los familiares directos, a los que presuponían más controlados por los investigadores.

Este diario ha podido saber además que los contactos entre secuestradores y familiares fueron mucho más frecuentes de lo que inicialmente se anunció desde la Dirección General de la Policía tras la liberación del sanluqueño. En el transcurso de los 16 días del secuestro -desde la noche del día 2 de junio, al salir de su asesoría de trabajar, hasta la madrugada del 18 de junio, cuando los Geos reventaron la puerta del garaje en el que estaba encadenado- hubo un mínimo de diez llamadas. También un SMS a un móvil y varias cartas.

El 3 de junio los secuestradores hicieron hasta tres llamadas. La primera se recibió en las oficinas de Avisur, la empresa constructora de la que la familia aseguró haberse desvinculado hace más de dos años, instalaciones que comparten sede con Ávila Negocios Inmobiliarios, propiedad del secuestrado. A media mañana, una empleada atendió la llamada de un hombre que pidió el móvil del patriarca, el padre de Rafael, del mismo nombre, y que se presentó a sí mismo como "un nuevo amigo de su hijo Rafael". Como una hora después, llamaron al móvil del padre. "Su hijo está bien; volveremos a llamarlo", dijo el comunicante. Tanto esta llamada como la primera se comprobó que habían sido realizadas desde cabinas de Jerez.

A media tarde, una nueva llamada, desde una cabina emplazada en la Ribera del Marisco, en El Puerto de Santa María, confirmaba ya de modo definitivo que Rafael Ávila Tirado había sido secuestrado. Un nuevo comunicante le reclamó al padre 10 millones de euros por el rescate de su hijo.

Pasan entonces cuatro jornadas sin contacto alguno entre secuestradores y familia. Y es cuando la Policía, molesta porque la llamada del rescate saltó a los medios de comunicación, al creer que peligra la vida del sanluqueño, llega a temer que las cosas se han ido de madre y los secuestradores se han "desembarazado" del sanluqueño.

Por fin, el 7 de junio, ya desde Madrid, se envía un SMS, un mensaje de texto, al móvil del padre. "Papá estoy perfectamente. Hay que dejar pasar un tiempo y te escribiré".

Dos días después, los secuestradores buscan lo que creen un contacto más fiable. Se ponen en contacto con el íntimo amigo de Rafael y le preguntan si ha recibido un sobre que debe entregar al padre del secuestrado en mano. El sobre, enviado desde Madrid, le llega al día siguiente al intermediario elegido. Se trata de un paquete postal que contiene una prueba de vida: la fotografía de Rafael, algo aseado para la ocasión, aunque con la misma ropa que llevaba el día que fue raptado, sosteniendo en su mano un ejemplar del Marca del día 5 de junio. Junto a la prueba, una carta escrita por Rafael, en la que solicitaban no ya diez sino dos millones de euros.

Al día siguiente, el 10 de junio, el amigo de Rafael recibió varias llamadas: los secuestradores querían saber si la familia estaba dispuesta a pagar esta cuantía y cuánto tiempo tardarían en hacerlo. Los secuestradores querían billetes de 500 euros.

El 12 de junio la Policía localiza una de las comunicaciones. Se trata de la llamada que fue realizada desde una cabina en la Puerta de Toledo, en Madrid. El individuo que la hace se monta en un coche, que es seguido hasta una casa. Allí vive uno de los implicados, uno de los dos sobrinos del estafador Pueyo, Miguel Rodríguez de Sousa. Las investigaciones dieron un impulso crucial entonces, relacionando a todos los implicados y logrando averiguar que Rafael Ávila se hallaba cautivo en el chalé de Almonte, propiedad de Raúl Brey, primo de Mariano Rajoy, antiguo puntal del entramado de empresas junto al cabecilla y su compinche Ibáñez.

Mientras las investigaciones comienzan a producirse ya a velocidad de vértigo para estrechar el cerco a la banda, el 13 de junio se produce una nueva llamada al móvil del intermediario. Dicen que van a mandar una carta, escrita por el propio Rafael, en la que da instrucciones a su familia sobre la forma en que pueden obtener el dinero citando, como se mencionaba al principio, la venta de tierras realizada. La carta sería metida debajo de la puerta del amigo de Rafael.

Se confirmaban pues las sospechas familiares y policiales: la banda tenía infraestructura en Sanlúcar. Y aquí fue cuando acabó de descubrirse el pastel, los negocios y compras que tanto Pueyo como Manuel Ibáñez habían tenido con el secuestrado, que los había llevado a los tribunales por impago. "El contenido emocional extra" que en el móvil del secuestro han establecido las investigaciones.