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Caso de los ere

Bolaños imputa a dos ex consejeros y dos ex alcaldes socialistas en una nueva pieza de los ERE

  • La investigación de las empresas del tándem Rosendo-Sayago, que recibieron 34 millones, recaerá sobre el juez de refuerzo Álvaro Martín.

Los ex consejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera figuran entre los 15 imputados en una nueva pieza del caso de los ERE fraudulentos que la juez María Núñez Bolaños ha abierto por las ayudas que por importe de 34 millones recibió el tándem de empresas creadas en la Sierra Norte de Sevilla por los empresarios José María Sayago y José Enrique Rosendo, éste último fallecido en enero pasado. Entre los imputados también se encuentran dos ex directores generales de Trabajo, Javier Guerrero y Juan Márquez, los ex alcaldes socialistas de las localidades sevillanas de El Pedroso Rafael Rosendo –padre del empresario José Enrique Rosendo- y Cazalla de la Sierra Ángel Rodríguez de la Borbolla –hermano del ex presidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla-, y el conseguidor de los ERE y ex sindicalista Juan Lanzas Fernández.

En el listado de implicados en esta pieza figuran además la ex asesora de Empleo María José Rofa, el ex director de administración y finanzas de la agencia Idea Pablo Millán, la secretaria de Guerrero, María Ángeles Gala, y el abogado de Estudios Jurídicos Villasís Carlos Leal Bonmati, entre otros.

La investigación, que acumula ya siete tomos, ha sido encomendada por la titular del juzgado al juez de refuerzo Álvaro Martín, quien ya instruye otras seis piezas separadas, entre ellas la del denominado “procedimiento específico” en la que están imputados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

En el auto, que tiene fecha del pasado 14 de abril, la juez Bolaños considera que los hechos pueden ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

La magistrada relata que el empresario fallecido, José Enrique Rosendo, y su socio José María Sayago constituyeron un numeroso grupo de empresas, “estrechamente interrelacionadas sí, en el que muchas de ellas carecían de actividad y trabajadores, siendo su objeto real la percepción de ayudas de la Junta de Andalucía y el trasvase de sus fondos a otras sociedades, posibilitándose así mediante este número de sociedades interpuestas, que el grupo controlado por ambos percibieran, en connivencia con responsables de la Junta de Andalucía, fraccionadamente y de modo coordinado múltiples subvenciones, evitando en muchos casos con las cuantías de las ayudas sobrepasar los límites competenciales de la Consejería de Empleo y en su caso del consejo rector de IFA/IDEA”.

Las ayudas concedidas al tándem superaron los 34 millones de euros, de los cuales los ex directores de Trabajo Guerrero y Márquez emitieron resoluciones por importe de 27,9 millones, mientras que se suscribieron convenios con IFA/Idea para materializar el pago de las subvenciones por otros 16,4 millones.

La juez divide el entramado empresarial de la Sierra Norte de Sevilla entre tres grupos. El primero estaría constituido por la Sociedad de Desarrollo Local de El Pedroso (Sodelp), una entidad municipal del ayuntamiento de esta localidad, de la que el fallecido José Enrique Rosendo fue vicepresidente y Sayago, consejero delegado, habiendo sido ambos concejales de este Ayuntamiento. Además de Sodelp, forman parte de este grupo las empresas Construcciones y Urbanismo Sierra Norte y La Jarosa Desarrollo Turístico Sierra Norte, en las que el socio único era Sodelp.

El segundo grupo estaría encabezado por la entidad matriz Arcadia Emprendedora (ahora denominada Negocio y Economía 24H), que carece de trabajadores y sin aparente actividad, y desde que la se controlaría el resto de sociedades: Tierra Virgen de Alimentación (ahora denominada Editorial Partners); Restaurantes Andaluces de Calidad (Latam Desarrollos); Capital Andaluz Siglo XXI; e Ibérica de Exportaciones y Transacciones.

Según la magistrada, gran parte de estas sociedades, como Capital Andaluz, Arcadia, Tierra Virgen, Ibérica de Exportaciones, Coral del Conde, MSM Montanera de Jabugo, Sael, y Maestrazgo, “carecerían de trabajadores y de actividad aparentes”; y existen otras que cuando recibieron la resolución de subvención “no tenían trabajadores”, como Alimentos Tradicionales o Al Ballut; y La Jarosa recibió una subvención en 2004 y en 2005 dejó de tener actividad.

El último grupo estaría constituido por la sociedad cooperativa SAT Virgen del Espino, cuyo presidente Eduardo Lora Ruiz –también imputado en esta pieza- tendría vinculaciones a través de sus órganos sociales con ciertas sociedades como Matadero, Al Ballut, Maestrazgo, Sael, y Sociedad de Servicios y Envasado.

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