La juez María Núñez Bolaños, que investiga las presuntas irregularidades en la macrocausa de los cursos de formación, ha citado a declarar para el mes de octubre a otras tres personas en relación con los contratos "irregulares" que por importe de 9.465.332 euros realizó la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).

En esta causa, en la que están imputadas actualmente 23 personas, la instructora ha citado a declarar el próximo 11 de octubre a Juan Carlos Díaz Macías, que fue director de Consultoría Pública en la Faffe, y a José Antonio Vargas Reyes, ex gerente provincial de Faffe en Sevilla, mientras que el tercer investigado es José Cervilla Real, según una providencia de la magistrada que tiene fecha del 4 de abril y en la que atiende a la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción en este sentido.

En la misma resolución, la juez acuerda reclamar a la Dirección General de Formación para el Empleo el expediente digitalizado de los distintos reintegros incoados contra la Faffe, y así como que informe de los trabajos de justificación y liquidación previo a la integración de la Faffe en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). También solicita a esta misma dirección que informe sobre el “estado en el que se encuentran las subvenciones y del resultado de la revisión de los mismos por parte del grupo de trabajo formado en la propia dirección general y que fue acordado” en un auto de enero de 2015.

Con anterioridad, Bolaños había imputado ya a 23 personas en la investigación de la Faffe, entre las que se encuentran el ex director general de la Faffe Fernando José Villén Rueda; el ex director de organización y sistemas de la Faffe Joaquín Morales Martínez; el dueño de Umax, Ulpiano Cuadrado; o el ex alcalde de Lebrija (Sevilla) Antonio Torres García (PSOE), todas ellas también a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que aprecia delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

A juicio de la Fiscalía Anticorrupción, del informe elaborado por la Guardia Civil se desprende "con carácter de probabilidad o verosimilitud que la fundación habría adjudicado la mayoría de los contratos tramitados entre los años 2008, 2009 y 2010 mediante procedimientos de adjudicación simplificados, adjudicación directa, general y simplificados con y sin publicidad, que según la normativa tendría carácter excepcional".

Estos contratos supondrían una "quiebra a los principios de libertad de acceso a las licitaciones y de publicidad, obstaculizando de este modo la competencia y convirtiéndolos en procedimientos con un determinado grado de opacidad y, por tanto, con mayor índice de riesgo y conductas irregulares".

Para llevar a cabo el supuesto fraude, proseguía el Ministerio Público, se habrían utilizado una serie de instrumentos como el "fraccionamiento" de los contratos; la utilización en la tramitación de procedimientos "urgentes"; la "influencia" de las empresas adjudicatarias en la designación de las sociedades participantes; la utilización de ofertas de resguardo por empresas instrumentales; y las modificaciones contractuales, en especial la prórroga, entre otros instrumentos.

La Fiscalía concluyó que las actuaciones realizadas en esta investigación habrían confirmado la "existencia de indicios delictivos en los procedimientos de contratación de la Faffe", de acuerdo con la documentación recabada, el informe de auditoría y las declaraciones de los empleados.

La juez también había acordado que se facilite a la UCO de la Guardia Civil el "repositorio de correos electrónicos" de la Fundación Faffe, con la finalidad de que los agentes puedan culminar su investigación, así como que se faciliten a los investigadores los "pagos con tarjeta" de los ingresos contables en efectivo que figuren en la "caja central", de la que anteriormente ya se pidieron informes sobre sus movimientos.

Asimismo, se incorporará una auditoría externa realizada por la empresa ATD, auditores del sector público que concluyó que la Faffe "cumplió razonadamente" con las obligaciones derivadas de las subvenciones concedidas para cursos de formación, si bien incurrió en irregularidades administrativas en la gestión de personal y contratación, como ocurrió con los trabajadores de Delphi.