La Confederación de Empresarios de Andalucía abrió ayer un nuevo frente contra el Gobierno andaluz. Tras las recientes críticas a los presupuestos autonómicos para 2012, el presidente de la patronal andaluza, Santiago Herrero, ahora pone en cuestión la idoneidad de salvar la ejecución de infraestructuras mediante la colaboración público-privada. Aunque dijo estar a favor de esta fórmula, Herrero advirtió que "no es el mejor momento", debido a las dificultades de acceder al crédito, y lanzó un reproche a la Junta: sus "imposiciones" en las condiciones de los contratos, cuando "se trata de un negocio entre Junta, empresas y entidad financiera, y como tal debe tener condiciones negociadas entre las partes, incorporando el criterio de la rentabilidad".

Las quejas no quedaron ahí. Porque Herrero también quiso mostrar su malestar por que la CEA lleve "años" demandando este modelo, pero como eran tiempos de bonanza, la Administración autonómica "no echaba cuenta", y ahora que no hay financiación, se opta por esta vía. "La lógica económica no tiene nada que ver con la lógica política; nosotros hace años aspirábamos a ese modelo cuando era posible no sólo en infraestructuras sino en otras áreas y ahora nos han hecho caso, pero ahora no hay dinero y existe el problema de falta de financiación", lamentó.

Aparte del obstáculo financiero, el siguiente pero de los empresarios es la falta de visión de la Junta en la negociación de las obras. Se trata de un "negocio" a tres bandas, entre la Administración, la empresa y la banca,y como argumentó Herrero, "no puede distorsionarse con requisitos propios de la contratación pública ni con una imposición de las administraciones públicas en cuanto a pliegos y obras". "Si la Administración decide qué obra, si impone el pliego de condiciones, al final no hay colaboración público-privada; esos principios que pueden darse en la inversión pública estricta, estableciendo una serie de condiciones para hacer una carretera, en la colaboración público-privada no funciona", aseveró.

Ese cambio de mentalidad en la Administración autonómica se antoja "difícil", porque debe atenderse a criterios de rentabilidad, y "si se hace una carretera por la que no hay tráfico suficiente esa carretera, ésta estará muy bien para hacerlo con los Presupuestos Generales del Estado, pero no para colaboración público-privada", explicó.

Pese a las estas críticas, Herrero aseguró que, hasta ahora, todo lo que la Junta saca a licitación mediante colaboración público-privada ha tenido respuesta empresarial, aunque en estos momentos tienen el inconveniente de la falta de financiación.

El plan de inversiones público-privadas inicial ideado por la Junta para 2010 y 2011 cotemplaba nueve actuaciones en carreteras -395 kilómetros- y en dos puertos andaluces -Carboneras y Marbella-La Bajadilla- con más de 2.000 millones de euros de inversión y una previsión de creación de empleo de más 30.000 puestos de trabajo.