El caso de la pequeña Mari Luz asesinada en Huelva y la apertura de un expediente al juez encargado del caso, Rafael Tirado, han servido para que los jueces de lo Penal de España lancen la alarma. Si la semana pasada el juez Eduardo Pérez-Palop del Juzgado número 2 de lo Penal de Madrid, encargado de ejecutar las sentencias de violencia de género sobre la mujer en la capital, pidió más medios para descongestionar las 7.000 sentencias dictadas contra maltratadores pendientes de ejecución, ahora el aviso procede de Cádiz.

Tras una reciente reunión entre los magistrados de lo Penal de Cádiz, el pasado 11 de abril, para analizar la situación, la juez decana de la provincia y titular del Juzgado de lo Mercantil número 1, Nuria Orellana, cifró ayer en 6.596 las sentencias ejecutorias pendientes en los cinco juzgados de lo Penal de la provincia. Es decir, el 14% del total andaluz, con 45.456 casos pendientes, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) correspondientes al cuarto trimestre de 2007 publicados el pasado 17 de abril.

Orellana -que preside la Sección Territorial de Andalucía de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y es miembro del comité ejecutivo nacional de la asociación-, dejó claro que el ritmo de trabajo en Cádiz no es precisamente lento, pero la entrada de procedimientos sigue aumentando. La decana explicó que las previsiones del CGPJ prevén la revisión de 450 procedimientos abreviados, pero cada juzgado gaditano de lo Penal ha revisado ya 200 asuntos en el primer trimestre del año, un 45% de lo previsto para todo el año. Como ejemplo de la carga a soportar, la juez comparó la situación de su provincia con la de Sevilla. Pese a que en esta última el global de sentencias en trámite de ejecución es superior, con 6.942 casos, cada juez de lo Penal (hay trece en total) asume 534 casos frente a los 1.319 que debe tramitar cada uno de los cinco encargados de lo Penal en Cádiz.

La plantilla, según Nuria Orellana, supone otro de los grandes problemas ya que, aunque cada juzgado está compuesto por entre siete y ocho funcionarios, la carga provoca que "los titulares no quieran ir a estos juzgados". El 82,5% de toda la plantilla es interina y, en la mayoría de los casos, viene de las bolsas de trabajo del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y llega sin preparación alguna. Orellana añadió que "cuando están preparados, te los quitan porque son refuerzos", aseguró.

La decana señaló el sistema informático como otro de los obstáculos para la Jusiticia, ya que carece del acceso inmediato a todo el historial de cualquier declarante y denuncia que "no hay interconexión" entre las comunidades autónomas, que tienen las competencias transferidas. Así, añadió que "un juzgado puede tener a una persona en busca y captura y esa persona estar firmando en el juzgado de al lado o de otro sitio de España, que ni siquiera sabe que ha sido condenado y se suspende la pena, cuando no se hubiera suspendido de haberlo sabido".

Para paliar estos problemas, los cinco jueces de lo Penal en Cádiz reclaman la creación de tres nuevos juzgados y, al menos, dos de ellos de forma inminente, el incremento de las plantillas y la puesta en marcha de la Oficina Judicial, "que se planteó y se reguló y ni se ha regulado ni se ha creado".