El pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía aprobó ayer su informe definitivo de fiscalización sobre el caso de los ERE. Su contenido no contentó a los consejeros del PP, que emitirán en el plazo de cinco días su voto particular para su inclusión, pero sí a los del PSOE e IU, que dieron su visto bueno al documento que se prevé que llegará al Tribunal de Cuentas y al Parlamento andaluz a finales de la semana próxima.

Fuentes socialistas aseguraron que uno de los puntos fuertes del informe es que se acepta que la Intervención General no emitiera un informe de actuación ante las anomalías detectadas, es decir, el nivel máximo de alerta y que debería llegar al Consejo de Gobierno, por la sencilla razón de que no se advirtió menoscabo de fondos públicos. El otro pilar importante es que se avala el convenio que ampara estas ayudas y la partida presupuestaria 31-L, por estar recogidos en la Ley de Presupuestos andaluces del periodo fiscalizado -desde 2001 a 2010-, es decir, tiene "respaldo legal", algo que fue utilizado como hilo argumental por el ex presidente andaluz, Manuel Chaves, y el presidente actual, José Antonio Griñán, en su defensa durante la comisión de investigación en el Parlamento.

Sin embargo, desde IU se aseguró que en el PSOE y en el Gobierno andaluz no estaban tan conformes con lo recogido en el informe sobre este aspecto. Según fuentes de la coalición de izquierdas, ese respaldo legal no es tal, porque la partida 31-L aparece sólo recogida como una mera cantidad en la Ley de Presupuestos andaluces, pero su desarrollo está en la memoria de esta ley, que no es votada, ni enmendada en el pleno del Parlamento, ni se publica en el Boletín Oficial de la Junta. Algo que, apuntaron, desmonta parte de la estrategia de Chaves y Griñán, que quisieron presentarlo como algo que había pasado todos los filtros parlamentarios, y no es del todo así.

El informe al completo, con los votos particulares, no llegará hasta finales de la semana próxima al Tribunal de Cuentas, los órganos fiscalizados -consejerías de Empleo y Economía y la agencia IDEA- y al Parlamento. Un hecho que pospondrá de nuevo la reactivación de la comisión de investigación parlamentaria, que estaba en suspenso a la espera del documento y, por tanto, la aprobación del dictamen final prevista para el pleno de los días 14 y 15 de noviembre. A esto se suma un factor más. De convocarse finalmente la huelga general para el día 14, los diputados de IU, como han venido haciendo ante paros idénticos con anterioridad, es más que probable que no asistan a la sesión plenaria.

El informe de la Cámara de Cuentas se ha retrasado casi cuatro meses debido a una filtración de un borrador interno el pasado mes mayo, en el que se censuraba la actuación del Consejo de Gobierno en la financiación de los ERE, y se apuntaba a Griñán, en su condición de consejero de Economía en ese periodo. Eso provocó un mayor celo en los trabajos de fiscalización, lo que ha ralentizado también la comisión de investigación en el Parlamento, que se marcó finales de septiembre para tener su dictamen final, y que parece que no lo tendrá hasta finales de noviembre.