EL JUICIO DE LOS ERE

Chaves defenderá hoy que no apreció las irregularidades

  • El ex presidente que estuvo al frente de la Junta durante 19 años se someterá al interrogatorio de la Fiscalía por el "procedimiento específico" de los ERE

El ex presidente Manuel Chaves, en la Audiencia de Sevilla. El ex presidente Manuel Chaves, en la Audiencia de Sevilla.

El ex presidente Manuel Chaves, en la Audiencia de Sevilla. / juan carlos vázquez

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El ex presidente de la Junta Manuel Chaves, que ocupó el cargo durante 19 años (1990-2009), defenderá hoy ante el tribunal que enjuicia el denominado "procedimiento específico" de los ERE que no apreció "ninguna irregularidad" en el sistema por el que se concedieron las ayudas durante una década y además "no la hubiera permitido". Esto es lo que hace tres años, en concreto, el 14 de abril de 2015, Chaves declaró ante el instructor del Tribunal Supremo, el magistrado Alberto Jorge Barreiro, que investigaba la causa abierta a los aforados a partir de la exposición razonada elevada por la juez Mercedes Alaya. A diferencia de Griñán -que está acusado de delitos de prevaricación y malversación por los que se enfrenta a una condena de seis años de cárcel y 30 años de inhabilitación-, la Fiscalía Anticorrupción sólo acusa a Chaves de un delito continuado de prevaricación, por el que le reclama una condena de diez años de inhabilitación.

En su declaración ante el Alto Tribunal, Chaves sostuvo que ni conoció ni fue advertido de las irregularidades de los ERE. El ex presidente defendió que "nunca" conoció los informes de la Intervención General de la Junta en los que se alertaba de las deficiencias en el sistema por el que la Consejería de Empleo abonaba las ayudas sociolaborales y a empresas, a través de las transferencias al IFA/IDEA. Chaves afirmó en aquella declaración que "no conocía nada" de las transferencias de financiación al IFA en los años 2000 y 2001, ni tampoco conocía el convenio marco del 17 de julio de 2001.

El instructor del Supremo planteó a Chaves en su interrogatorio si se "sintió engañado" por su entonces consejero de Economía, José Antonio Griñán, o por la viceconsejera Carmen Martínez Aguayo, por no haberle dado supuestamente traslado de los informes de la Intervención que alertaban de las irregularidades.

Chaves respondió que todo lo que se aprobaba en el Consejo de Gobierno se hacía con la convicción de que "era legal" y defendió que ni el consejero de Empleo ni el de Economía y Hacienda, "José Antonio Griñán o Magdalena Álvarez en ningún momento" le informaron de ninguna irregularidad en el procedimiento de ejecución de las ayudas.

En otro momento, el magistrado le dijo a Chaves que le causaba "cierta extrañeza como juez" que el presidente de la Junta, "con la actividad política que tenía", no conociera el convenio marco de 2001 por el que durante una década se concedieron las subvenciones ni cómo se estaban otorgando.

El principal reproche de la Fiscalía Anticorrupción a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a otros integrantes del Consejo de Gobierno que se sientan en el banquillo de los acusados -como Gaspar Zarrías, Francisco Vallejo y Antonio Fernández- es que "no pusieran freno" a la utilización de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas de los ERE, a pesar de que los informes de la Intervención General de la Junta alertaron de las distintas irregularidades en el procedimiento que se estaba empleando.

El Ministerio Público pone de manifiesto que los ex presidentes y los demás procesados no tomaron a la vista del contenido de la memoria de las actuaciones de la Intervención General de la Junta -que alertaban de las deficiencias- "decisión alguna en el ejercicio de sus funciones que pusiera freno al procedimiento" seguido por la Consejería de Empleo para la gestión presupuestaria de las ayudas sociolaborales y ayudas a empresas en crisis mediante la utilización de las transferencias de financiación del programa 31L

Y esa pasividad, prosigue la Fiscalía, tuvo lugar a pesar de que tenían "conocimiento de las irregularidades" que se recogían en los informes de la Intervención y de cuentas anuales de los auditores externos del IFA-IDEA, pese a lo cual siguieron "procediendo a la aprobación de los anteproyectos de presupuestos de los ejercicios siguientes y de sus modificaciones presupuestarias, en su caso".

Esas "irregularidades o deficiencias" recogidas por la Intervención en las memorias, se "repetían" en los informes trimestrales que elabora la Intervención General de la Junta en el marco del control financiero permanente, y entre los destinatarios de esos informes estaban la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo y el entonces director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, "sin que su contenido cambiara su proceder". Para la Fiscalía Anticorrupción, la "gravedad de la situación creada" como consecuencia directa y necesaria de la gestión presupuestaria del programa 31L mediante la utilización de las transferencias "debieron ser conocidas" por Griñán y Aguayo, así como por otros imputados.

Con la declaración de Chaves, el juicio entra en la recta final de las declaraciones de los procesados, ya que sólo falta por ofrecer su testimonio el ex secretario general técnico de Empleo Juan Francisco Sánchez García, que declarará probablemente mañana.

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