El proyecto de la Ley de Formación Profesional de Andalucía ha superado el debate de totalidad tras rechazarse, con los votos del PSOE y Ciudadanos, las enmiendas de devolución que habían planteado el PP y Podemos . La norma, que seguirá a partir de ahora su tramitación en la comisión parlamentaria de Educación, establece un nuevo marco de planificación de estas enseñanzas.

La consejera de Educación, Sonia Gaya, explicó que la futura norma creará una red pública de centros, un servicio de orientación profesional y nuevas formas de gobernanza, y que ha sido el resultado de un trabajo llevado a cabo por una gran parte del tejido social y empresarial de Andalucía. Además, sentará las bases para establecer un sistema permanente que desarrollará el acceso, asesoramiento, evaluación y certificación de competencias profesionales, de acuerdo con la normativa estatal. De esta manera, habrá una planificación que garantice que la FP en Andalucía responda a la demanda de mano de obra cualificada.

El proyecto recoge la creación del Sistema de Formación y Cualificación Profesional de Andalucía, integrado por las actividades de formación, el servicio de orientación profesional y los agentes sociales y económicos, así como la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia o de vías no formales de formación. Así, este sistema garantizará la igualdad de oportunidades y la accesibilidad a las personas con discapacidad, según ha explicado, mientras que también, y por vez primera, se regulará el Servicio de Orientación y Acreditación Profesional.