Dos sindicalistas, miembros de un tribunal que debía resolver unas oposiciones a bombero, han sido condenados por la Audiencia de Granada cada uno a un año de prisión como autores de un delito de revelación de secretos y absueltos del de falsedad en documento oficial del que también se les acusaba.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, se produce tras la repetición del juicio por este caso, después de que el Supremo lo ordenara al aceptar un recurso de casación interpuesto por la defensa de uno de los sindicalistas y anulara la anterior resolución judicial, que les condenó a penas de cinco y dos años de prisión.

La Sección Segunda absuelve a José Manuel de la Blanca y a Gerardo Martín del delito continuado de falsedad en documento oficial que se les imputaba, aunque les condenada como responsables de revelación de secretos cometido por funcionario público, concurriendo en el primero de ellos la atenuante de confesión.

La Audiencia también les inhabilita por tres años como bomberos funcionarios del Ayuntamiento de Granada, les condena al pago de una cuarta parte de las costas procesales y a que indemnicen al Consistorio por los gastos derivados de la celebración de uno de los ejercicios de la oposición.

El Tribunal ha considerado probada la filtración de alguno de los exámenes a ciertos opositores, especialmente a aquellos que detentaban la condición de interinos, lo que, según fundamenta, "constituyó una grave violación del deber de sigilo que la naturaleza reservada de esas informaciones les suponía".

Según la Sala, la autoría de De La Blanca y Martín en la revelación de secretos "no admite discusión" y, aunque otorga verosimilitud a la manifestado por el primero de ellos, quien declaró que con su actuación sólo pretendía destapar el fraude en las pruebas para anularlas, no pueden considerar "legitimados" sus actos.

"Los fines que persiguió con su conducta (...) no puede ni deben justificar su activa y decisiva participación en la filtración que efectivamente se produjo, realizando bajo su responsabilidad los actos típicos de la infracción penal, cuando en su mano estaba impedirla", precisa la sentencia.

Respecto al delito de falsedad documental, la Audiencia considera la "insuficiencia" de la prueba de cargo aportada por la Fiscalía para desvirtuar la presunción de inocencia que asiste a los acusados sobre los hechos, lo que conduce "necesariamente" al pronunciamiento absolutorio a su favor.

Al final del juicio, el Ministerio Público mantuvo su petición de seis años y medio de cárcel para los sindicalistas, al considerar suficientemente acreditados los delitos de falsedad en documento oficial y de violación de secretos que les imputaba y suscribir lo expuesto en la anterior sentencia de la Audiencia por esta causa.

De la Blanca, quien defendió que dentro del Tribunal del que formó parte fue más bien "un incordio para tratar de hacer las cosas lo mejor posible", dijo que su "conciencia, solidaria y comprometida, le impedía permitir un fraude y que se truncara la esperanza de quienes se prepararon esas pruebas".