La juez de Instrucción número 8 de Sevilla ha confirmado el archivo de la investigación abierta por la denuncia de un grupo de 18 asesores de Empleo del programa Memta, por la que llegaron a declarar como investigados el director gerente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Julio Coca Blanes, y su antecesor en el cargo, el actual director general de Idea, Antonio González Marín.

El archivo fue recurrido por los denunciantes, pero la juez ha acordado confirmar el archivo e iniciar los trámites para remitir la causa a la Audiencia para que realice el pronunciamiento definitivo.

En el auto ahora confirmado, que fue dictado en abril pasado, la juez consideró que los hechos investigados no son constitutivos de prevaricación y recuerda que la discrepancia contra las resoluciones de la Administración se resuelven en la vía contencioso administrativa, no en la penal. De ahí que se niegue a practicar nuevas diligencias para no dilatar el procedimiento y el "efecto mediático" sobre los altos cargos investigados.

En esta resolución, la juez Reyes Flores señalaba que la "revisión jurisdiccional de actuaciones administrativas para determinar si se ajustan o no a Derecho corresponde de manera prioritaria a la jurisdicción contencioso-administrativa, que es la especializada en el conocimiento de la aplicación de las normas administrativas".

La instructora añadía que la intervención de la jurisdicción penal en el análisis de los asuntos administrativos debe ser, en todo caso, "subsidiaria, limitada a aquellos casos en los que se aprecia una infracción palmaria de las normas jurídicas, en los que no puede bastar el mero restablecimiento del orden jurídico perturbado a través de la jurisdicción contencioso-administrativa, sino que, por la importancia de la transgresión jurídica, es necesaria la intervención de la jurisdicción penal para sancionar las graves arbitrariedades cometidas en resoluciones administrativas calificables de injustas".