La sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia que absuelve a unos parcelistas de Las Pitas, en el entorno de Medina Azahara, y sugiere la regularización de las viviendas enclavadas junto al monumento omeya, reabrió ayer el debate sobre el futuro de la zona, una polémica enconada en la ciudad desde hace una década. La reacción de la delegada de Cultura, Mercedes Mudarra, fue una de las más críticas tras conocer la nueva resolución, pues apeló a que "haya unidad de criterio" en la Audiencia Provincial a la hora de juzgar los delitos urbanísticos. La polémica radica en que, con cinco meses de diferencia, dos secciones de la Audiencia han dictado sentencias totalmente opuestas sobre casas ilegales levantadas en el entorno protegido.

Mudarra expresó su "respeto absoluto" hacia el nuevo fallo, si bien subrayó que "contrasta enormemente con otra sentencia en la que el ponente fue el presidente de la Audiencia, Eduardo Baena, y cuyo contenido y fallo difiere absolutamente". Por ello, la responsable provincial de Cultura pidió "que haya una unidad de criterio, tal y como se manifestó desde la propia Audiencia Provincial". A principios de año, los propios magistrados celebraron un plenillo para unificar sus criterios a la hora de enjuiciar delitos urbanísticos, unos acuerdos que ahora no se han tomado en cuenta.

El propio presidente de la Audiencia, Eduardo Baena, expresó ayer su "sorpresa". El magistrado no quiso pronunciarse sobre "el fondo" de la sentencia, pero lamentó que sus colegas "no hayan tenido la deferencia" de comunicarle la sentencia antes de hacerse pública debido a la "trascendencia social" del asunto. Sobre el hecho de que los fallos son contrapuestos, Baena defendió la "independencia" de los tribunales, aunque manifestó que "lo idóneo sería que el Tribunal Supremo sentara jurisprudencia". La sentencia de la Sección Segunda revoca una condena del Juzgado de lo Penal 4 y en sus fundamentos cita resoluciones anteriores de Palencia, Málaga, Alicante, Valencia o Cádiz, pero no hace ninguna referencia a Córdoba. El fiscal jefe, José Antonio Martín-Caro, no quiso pronunciarse.