El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Daniel Alberto Rivera, que está imputado por cuatro delitos en el caso de los ERE fraudulentos, ha culpado a sus antecesores en el cargo, los también imputados Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez Contreras, de haber incluido "elementos tóxicos", en alusión a los denominados intrusos, personas que accedieron a las ayudas a pesar de no haber trabajado nunca en las empresas a cuyas prejubilaciones se acogieron.

El acta de la declaración de Daniel Rivera ante la juez Mercedes Alaya refleja que el ex alto cargo reconoció que las ayudas que concedió él mismo, al amparo de la orden de la Consejería de Empleo que cambió el sistema del convenio marco por el de la encomienda de gestión, eran "discrecionales", aunque precisa que eso no significa que fueran arbitrarias.

En su contestación a la instructora, Rivera se refiere a las ayudas "heredadas" de los anteriores directores generales y afirma que "existieron ciertamente elementos de discrecionalidad y además elementos tóxicos, es decir, se incluyeron a personas que no pertenecían a las empresas, se tomaron decisiones más allá de la discrecionalidad, beneficiando presuntamente a cierto grupo de personas, de empresas, intencionadamente y parece ser que a sabiendas de que tales ayudas no iban a destinarse a la finalidad para las que fueron formalmente otorgadas".

Pero Daniel Rivera no sólo carga contra sus antecesores, sino también contra sus subordinados, especialmente contra la ex asesora técnica de la Consejería María José Rofa, que ha aportado abundante documentación y grabaciones de conversaciones suyas con el ex director general. Según Rivera, esta trabajadora, también imputada aunque se ha acogido a su derecho a no declarar, "le ha ocultado datos de intrusos que conocía" y además le acusa de haberse "llevado documentación de los expedientes" que luego han sido incorporados como anexos en el atestado elaborado por la Guardia Civil.

Rivera dice que la ex asesora debía garantizar la legalidad de las resoluciones que le pasaba para firmar y añade que era de su competencia decidir si debían notificarse las ayudas a la Comisión Europea, porque "toda la gestión de las subvenciones" estaba a su cargo.

El interrogatorio de Alaya al ex director de Trabajo fue en muchos momentos tenso y según refleja el acta, Rivera llegó a contestar a una pregunta muy técnica de la juez, diciéndole que parecía "una pregunta realizada para una oposición a Notarías".