La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha iniciado una actuación de oficio dirigida a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales para conocer qué servicios y prestaciones se están contemplando en los Programas Individuales de Atención (PIA) de las personas con una dependencia reconocida en Grado I, ante "el temor de que los PIA ya aprobados pudieran ser modificados para la asignación de talleres en lugar de la ayuda a domicilio".

Según el texto de esta queja, consultado por Europa Press, el Defensor requiere información sobre el número concreto de servicios y prestaciones que han sido aprobados en el segundo semestre de 2017. Además, se interesa por saber con qué entidades municipales se ha firmado un convenio y sus condiciones.

La institución teme que se modifiquen varios programas de ayuda a domicilio

La institución explica que el origen de la investigación rdacia en las comunicaciones recibidas de las diputaciones de Granada y Málaga y del Ayuntamiento de Murtas (Granada). Estas instituciones locales trasladaron una solicitud formulada por sus respectivos plenos para que el Defensor del Pueblo Andaluz intermediase respecto al convenio que la Consejería de Igualdad habría propuesto a las diputaciones y ayuntamientos con el objetivo de disponer como servicio para los dependientes moderados la asistencia a talleres colectivos de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia.

Estas entidades argumentaron la dificultad para formar grupos de 15 personas en los municipios más pequeños, así como que estos talleres ya se vienen realizando por las entidades municipales y diputaciones, y que la verdadera ayuda que demandan las personas valoradas en Grado I es la ayuda a domicilio, que en muchos casos ya se les ha concedido. "Existiría por tanto el temor de que los PIA ya aprobados pudieran ser modificados para la asignación de los talleres en lugar de la ayuda a domicilio", apostilla.