La décima extra en el déficit autonómico que hoy tiene previsto plantear a los gobiernos territoriales el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) obtendrá, como mínimo, el desdén de las comunidades gobernadas por el PSOE -con Andalucía a la cabeza- y Cataluña, que la consideran una medida "insuficiente" y "arbitraria".

Una vez ya metidos en harina, la postura de los representantes de los ejecutivos de Andalucía -la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero-, Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña se endurecerá aún más y expresarán su rechazo y oposición frontal a los objetivos de déficit en la reunión de hoy del CPFF, que el jueves pasado aprobó la senda de estabilidad para el trienio 2018-2020.

Después de que las siete comunidades gobernadas por el PSOE, Cantabria (donde los socialistas gobiernan en coalición con el PRC) y Cataluña votaran en contra de esas cifras hace sólo una semana, y de que Canarias se abstuviera, Montoro convocó el miércoles de manera extraordinaria una nueva reunión del CPFF para suavizar los objetivos de 2018 y 2019. El Ejecutivo de Mariano Rajoy intenta con este movimiento una relajación del déficit para conseguir el respaldo de los socialistas al techo de gasto.

Para 2018, el tope será el 0,4 % del PIB (en vez del 0,3 % aprobado hace una semana), mientras que para 2019 se fijará en el 0,1%, cuando antes era del 0%, aplazando el equilibrio presupuestario hasta 2020. Esta décima supone un margen adicional de unos 1.000 millones cada año para las autonomías, que darán luz verde mañana al cambio incluso aunque siga oponiéndose la mayoría, ya que el Gobierno tiene voto de calidad.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ya dejó en su cuenta de Twitter que "la oferta de Montoro sobre el déficit es claramente insuficiente" y que su comunidad "rechazará toda propuesta que perjudique los servicios públicos". La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, emplazó al Estado a distribuir las décimas que tiene "de más" y no quitársela a la Seguridad Social. "No se puede desnudar un santo para vestir a otro", advirtió, antes de reprochar a Montoro la "arbitrariedad" del reparto. Tanto Andalucía como otras comunidades son partidarias de que en la distribución se tengan en cuenta "criterios objetivos" como el peso del gasto público.

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha confirmado el voto en contra a la nueva propuesta de déficit porque no es razonable ni soluciona la "profunda infrafinanciación" de esta comunidad. Y aunque el presidente de Aragón, Javier Lambán, dijo el miércoles que subir una décima el déficit era una "buena noticia", el consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno aragonés, Fernando Gimeno, consideró ayer que es "insuficiente" y ha abogado por llegar al 0,5 ó 0,6 %. Gimeno insistió en el hecho de que el déficit debe ser distribuido en relación a la participación en los gastos y por eso opina que debería ser el Estado el que asuma un mayor porcentaje de déficit, y más aún si se reforma el IRPF, porque podría tener efecto en los ingresos de las comunidades.