La Dirección General de Seguros ha detectado en los ERE financiados por la Junta de Andalucía el pago de un exceso de 66.155.573 euros en comisiones por encima de la media de mercado, según un informe aportado a la juez instructora, Mercedes Alaya. Dicho informe recoge entre las irregularidades que en las pólizas de los ERE actuaron agentes para varias entidades a la vez, se pagaron comisiones a varios mediadores por la misma póliza, hubo tomadores impropios y no hubo una identificación adecuada del mediador. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, dependiente del Ministerio de Economía, apunta además que las mutualidades del grupo Fortia "carecían de la preceptiva autorización administrativa para operar fuera de Cataluña". 

Los inspectores han analizado las pólizas pagadas por la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2011 e investigadas en el caso de los ERE y han concluido que se pagaron "comisiones significativamente superiores a la media de mercado", que estaba situada en el 2 por ciento en el periodo analizado, según los informes anuales de la Dirección General de Seguros. En total, el grupo Uniter cobró 29.804.937 euros en sobrecomisiones, Vitalia 36.228.300 euros, Expert Ejecutivos 71.417 euros y Atlantis -vinculada a CCOO- 50.918 euros, dice el peritaje. 

Añade que "se deduce un patrón de conducta por el que las comisiones se establecían casi con carácter sistemático en el entorno del 10 por ciento", sobrecoste que "no es admisible justificar en unos supuestos compromisos y gastos extraordinarios soportados". Los inspectores concluyen que, pese a que la comisión era liquidada por la entidad aseguradora al mediador, "era indirectamente abonada por la Junta de Andalucía dentro del recibo del seguro y, en consecuencia, tiene un coste para el erario público", lo que puede influir para la calificación de los presuntos delitos como de malversación. 

En uno de los expedientes analizados, según el informe, se ha encontrado "evidencia documental de una grave irregularidad consistente en que la Junta de Andalucía ordenaba a la entidad aseguradora el pago de todas las comisiones que el mediador comunicara a la entidad aseguradora, lo que supone dejar al arbitrio de una parte interesada la fijación del precio total del seguro". El informe afirma que "no se ha encontrado justificación que acredite la necesidad o conveniencia de suscribir las pólizas mediante la participación de mediadoras" ni "justificación sobre los criterios de elección de las aseguradoras". Contrariamente a lo normal en la mediación de seguros, la comisión no era establecida por las entidades aseguradoras sino por los  propios mediadores, quienes "prevaliéndose de su capacidad de influencia en la adjudicación de pólizas fijaban su comisión fuera de los precios de mercado", añade. 

Este informe de la Dirección General de Seguros es uno de los varios solicitados por la juez Mercedes Alaya a organismos de ámbito estatal como el que, en diciembre pasado, elaboró la Intervención General del Estado, quien aseguró que los consejeros de Economía de la Junta entre 2000 y 2009 no adoptaron las "medidas necesarias" para evitar las "irregularidades" en la concesión de subvenciones y ayudas.