Aurora Cosano, que fue tras Antonio Rivas la segunda ex delegada de Empleo de Sevilla que compareció ayer ante la comisión de investigación de los cursos, aseguró en su intervención inicial que en todo momento actuó "con el convencimiento de que sus decisiones se basaban en el más estricto cumplimiento de la ley". La ex delegada de Empleo recordó que "que todas las actuaciones en formación profesional para empleo de las convocatorias que tuvieron lugar en mi etapa de responsabilidad estaban sometidas de manera escrupulosa a los controles de fiscalización legales establecidos".

Al igual que muchos de sus homólogos que le han precedido en el órgano parlamentario, Cosano no respondió a las preguntas de los comisionados, al estar siendo investigada judicialmente. Aunque, al contrario que su compañero Antonio Rivas, sí permaneció en su lugar mientras los diputados realizaban el interrogatorio. Cosano también atacó el papel de la comisión y aseguró que "por razones obvias no es el foro adecuado, ni desde el punto de vista jurídico ni político", para exponer los "evidentes argumentos" que le "eximen de responsabilidad penal".

Una argumentación con la que la diputada de C's Marta Bosquet no se mostró de acuerdo al señalar a la compareciente que se trata del "foro adecuado para señalar las responsabilidad políticas". Bosquet también puso en duda que "si no había directrices" para gestionar los cursos, cómo se habían producido irregularidades en todas las provincias andaluzas.

El diputado de Podemos Jesús Romero aseguró que no declarar "no es una desconsideración hacia la comisión sino a la ciudadanía andaluza".

Al respecto, el PSOE insistió en que la comisión no está respetando los derechos de los comparecientes porque los coacciona con preguntas que "insinúan constantemente para provocar su declaración".