Andalucía

Ex altos cargos del IFA declaran como testigos esta semana en el juicio de los ERE

  • Entre los 22 acusados de la pieza política están dos ex directores del ente público

Vista de la sala de la Audiencia de Sevilla en la que se celebra el juicio de la pieza política de los ERE. Vista de la sala de la Audiencia de Sevilla en la que se celebra el juicio de la pieza política de los ERE.

Vista de la sala de la Audiencia de Sevilla en la que se celebra el juicio de la pieza política de los ERE. / raúl caro / efe

A las siglas ERE se añaden hoy, en el juicio de la pieza política, las del IFA (posteriormente IDEA). En la sesión prevista para esta jornada comparecerán como testigos ex responsables del ente público que pagaba las ayudas que concedía la Consejería de Empleo. El ex jefe de los servicios jurídicos del IFA José Antonio Vicente Ávila y el exdirector del ente Antonio Lara abren hoy esta ronda, mientras que mañana será el turno del ex secretario de Administración y Finanzas Francisco José Oyonarte y del ex secretario general Miguel Lucena, según consta en una providencia del tribunal fechada el 4 de mayo con las citaciones.

Ya el miércoles declarará por la mañana Silvia Patricia Cortés Ruiz, funcionaria de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo -el departamento que daba las ayudas- y por la tarde la ex jefa de la asesoría jurídica de IFA/IDEA María de la Palma Muñoz.

Entre los 22 acusados que se sientan en el banquillo en esta pieza política de la trama de los ERE hay dos exdirectores del IFA (Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete), además de otros ex cargos de las consejerías de Empleo, Hacienda e Innovación. Desde 2004 el IFA pasó a llamarse IDEA y a depender de ésta en vez de Empleo.

En la pieza política del caso ERE, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla juzga a 22 ex altos cargos de la Junta -entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán- por prevaricación y malversación al crear o mantener un "procedimiento específico" con el que durante una década el Gobierno andaluz repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo los controles, según la Fiscalía. Dicho "procedimiento específico" se implantó en 2001 mediante la firma de un convenio marco entre la Consejería de Empleo y el IFA para que las ayudas fueran pagadas por el ente público con fondos que Empleo le hacía llegar mediante transferencias de financiación.

Con ello, según sostienen la Fiscalía y las acusaciones, se buscaba eludir la fiscalización previa de las ayudas que hubieran tenido de haberlas pagado directamente la Consejería de Empleo sin usar al IFA como "caja pagadora", y la Intervención de la Junta alertó en varios informes del uso "inadecuado" de transferencias de financiación a este ente para pagar subvenciones.

Aunque desde que terminaron sus interrogatorios el tribunal eximió a los acusados de asistir a las sesiones del juicio en las que declararán 150 testigos y una docena de peritos, la semana pasada asistieron algunos de ellos a algunas sesiones como los propios Serrano y Cañete o los exsecretarios de Empleo Lourdes Medina y Juan Francisco Sánchez.

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