La organización de consumidores Facua Andalucía ha pedido a la Secretaría General de Consumo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales que las multas a la banca "sean acordes a las dimensiones del macrofraude de las participaciones preferentes".

Facua también demanda "la máxima celeridad" en la tramitación de los expedientes sancionadores que la Secretaría General va a abrir a 19 entidades financieras tras haber recibido el pasado marzo las denuncias de Facua en representación de numerosos afectados y las de 348 usuarios que han acudido a los servicios de consumo de la Administración autonómica en las ocho provincias andaluzas.

Considera que "el número de afectados, más de 60.000 andaluces, y las cantidades millonarias captadas por la banca que ahorra retiene como un auténtico corralito, hacen necesario que la Junta actúe con la rapidez que merece el caso", advierte Facua Andalucía.

La secretaria general de Consumo, Dolores Muñoz, ha dicho que las actuaciones del Gobierno andaluz pretenden dar respuesta a las decenas de miles de personas que "han sido engañadas y hasta posiblemente estafadas" por la comercialización de las participaciones preferentes. Agrega que, "salvo que las entidades que han cometido el fraude de las preferentes ofrezcan a los afectados una solución seria", Facua advierte de que "no habrá otra opción que acudir a los tribunales". Precisa que, "en cualquier caso, los expedientes de la Junta de Andalucía puede provocar un cambio de actitud en determinadas entidades si anuncia multas cuya cuantía sea realmente de envergadura, cuestión que todavía es una incógnita".

Asimismo, Facua asevera que Cajasol Banca Cívica, propiedad de CaixaBank, "es la entidad que acumula la inmensa mayoría de las denuncias en Andalucía, tanto las tramitadas por Facua como las que vienen recibiendo las autoridades de protección al consumidor". Facua alertó en junio que la entidad está ofreciendo a los afectados por el fraude de las preferentes el canje por otros productos complejos, como obligaciones convertibles en acciones en 2014, lo que considera "una auténtica tomadura de pelo".

Además, advirtió de que "en muchos casos las sucursales se niegan a proporcionar a los afectados de forma previa el contrato de canje, que entre otras cosas, incluye una advertencia expresa de no conveniencia del producto y otra por la que el cliente asume todo el riesgo de la operación".