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Andalucía

Fernández acusa al PP de buscar en los cursos una investigación "inquisitorial"

  • El ex consejero critica la petición de los populares de reabrir la pieza política que fue archivada por la juez María Núñez Bolaños

El ex consejero de Empleo Antonio Fernández acusa al PP-A de buscar una investigación "prospectiva y puramente inquisitorial" con su petición para reabrir la pieza política de los cursos de formación, que fue archivada por la juez María Núñez Bolaños y que afectaba a 24 ex dirigentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), entre ellos el propio Fernández o los ex delegados del ramo en las ocho provincias andaluzas.

En un escrito elevado al Juzgado, al que tuvo acceso Europa Press, el abogado del ex consejero, Alfonso Martínez del Hoyo, se opone al recurso presentado por la acusación que ejerce el PP-A contra la decisión de la juez de archivar la causa al entender que la instrucción practicada "ha sido más que exhaustiva" tras casi tres años de investigación. El PP-A, en su recurso, alegaba que, recientemente, le fue notificado un escrito de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de fecha 7 de noviembre de 2016 por el que supo de la existencia de unos despachos en las antiguas oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Sevilla precintados por la Guardia Civil, por lo que pidió reabrir la causa para examinar dicha documentación.

El defensor del ex consejero considera "evidente" que la instrucción "ha sido exhaustiva" y tacha de "palmario" que, en su decurso, el PP-A "ha participado activamente en todo momento". El resultado "ha sido el archivo de la causa por inexistencia de delito", señalando que la reapertura de la misma "no se fundamenta en el surgimiento de ningún nuevo indicio de delito".

Al hilo de ello, el letrado asevera que al PP-A, "dadas sus aspiraciones, puede contrariarle este resultado, pero ello no constituye ninguna clase de vulneración de las normas procesales, ni se ha de acceder a su deseo de remover cuanto quepa -en este caso cientos de expedientes administrativos- a la búsqueda de sospechados e imaginados delitos".

A su juicio, el hecho de que esa documentación no se haya incorporado a la causa "no justifica la solicitud de reapertura". "Y pretender reabrir una instrucción ya archivada por el hecho de que se haya de llevar a cabo el desprecinto de una oficina (en su día practicado bajo dudosas condiciones de necesidad y proporcionalidad) es tanto como pretender la práctica de una investigación prospectiva y puramente inquisitorial, sin objeto determinado, una pretensión legalmente proscrita en nuestro sistema penal", sostiene.

En su recurso, el PP-A también alegó que el auto de archivo es nulo de pleno derecho porque no se ha resuelto el incidente de recusación planteado contra la juez. Frente a ello, el abogado de Antonio Fernández asevera que el PP-A "obvia" que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya se pronunció y acordó desestimar el recurso.

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