El ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández planteó ayer a la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que no puede ser investigado ni enjuiciado por otras ayudas relacionadas con la macrocausa de los ERE fraudulentos tras haber sido procesado en la pieza del denominado "procedimiento específico" junto a otros 25 ex altos cargos.

La juez Bolaños había citado ayer a declarar a Antonio Fernández en relación con una ayuda de 30.000 euros concedida al Ayuntamiento de Santiponce (Sevilla) pero su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, planteó un incidente procesal al inicio de la comparecencia y pidió a la instructora que suspendiese la declaración porque considera que tras el auto dictado el pasado 31 de mayo por el juez de refuerzo Álvaro Martín, el ex consejero andaluz de Empleo no puede ser investigado ni enjuiciado por cuestiones relacionadas con otras ayudas de los ERE.

El letrado expuso ante la magistrada que entiende que el objeto de esa resolución del 31 de mayo, en la que fueron procesados además los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, es tanto el propio procedimiento específico que se instauró para el pago de las subvenciones como "los efectos" que la implantación de este sistema tuvo.

La defensa explicó además a la instructora que en este macroproceso se investiga el periodo comprendido entre los años 2000 y 2011, y todas las partidas vinculadas a la concesión de ayudas mediante el sistema de las transferencias de financiación de la Consejería de Empleo al IFA/IDEA, por lo que a su juicio los hechos a investigar son los mismos que se incluyen en cada una de las piezas desgajadas de la macrocausa.

El letrado alega que de acuerdo con los principios de seguridad jurídica y otros derechos fundamentales constitucionales "no es posible investigar ni enjuiciar" a Antonio Fernández por hechos que para su defensa son iguales.

La Fiscalía Anticorrupción y las demás acusaciones personadas se opusieron a la petición de suspensión de la declaración, pero la juez María Núñez Bolaños decidió suspender sine díe la declaración para resolver la petición.