El fiscal delegado de Extranjería de Málaga, Juan Bermejo Romero de Terreros, se ha sumado a las críticas lanzadas por las organizaciones de ayuda al inmigrante sobre el deteriorado estado del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en Málaga.

El fiscal considera que el Gobierno debería cerrar el edificio del antiguo cuartel de Capuchinos (muy antiguo y con serias deficiencias estructurales) y construir otro donde además se garanticen los derechos y obligaciones de los internos.

"Allí se juntan ciudadanos que no han cometido ningún hecho delictivo con otros que sí. Parece un centro penitenciario, cuando no lo es ni debería serlo, y ni siquiera tiene los medios con los que cuentan las cárceles", lamenta Bermejo.

El fiscal delegado de Extranjería manifestó su preocupación por las condiciones en que se encuentran las personas que allí residen, normalmente, por un plazo de 40 días antes de ser expulsados del país. Algunos de los internos, como recuerda el fiscal, lo único que han hecho es no tener papeles.

Estas críticas se producen en medio del debate sobre la Directiva Retorno, que esta semana analizará de nuevo el Parlamento europeo, aunque con escasas posibilidades de éxito. El texto eleva el límite de la detención de los extranjeros en el centro de internamiento hasta 18 meses y permite la detención por decisión administrativa.

La Ley de Extranjería prevé la expulsión de todos los ciudadanos que residan en España de forma irregular. Los que además cometen algún delito, si éste conlleva una pena inferior a los seis años, también suelen ser expulsados "para que el hecho delictivo no suponga una forma de permanecer en España con ventajas más favorables".

No obstante, como matiza Bermejo, "la mayoría de los extranjeros que vienen a España en situación irregular no vienen a delinquir, pero sí es verdad que la mayoría de los que delinquen se encuentran en situación irregular".

Una delegación del Parlamento Europeo relato las deficiencias que presentan estas instalaciones del Ministerio de Interior. Entre los visitados se encontraban los centros de Málaga y La Piñera en Algeciras. Recientemente, difundieron un informe en el que denunciaron el "deplorable" trato que España da a los inmigrantes en estos centros. El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, dudó sobre la legalidad de los reciento y exigió que, al menos, se "dignifiquen" para que puedan albergar a personas.