La Fiscalía de Málaga ha abierto diligencias de investigación penal tras la solicitud del PSOE para determinar si el alcalde del municipio malagueño de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), ha podido incurrir en algún delito al no dimitir tras el conocimiento del fallo por el que, en el marco del caso Troya, se le condena por un delito de cohecho a un año de suspensión de empleo o cargo público y una multa de 200.000 euros.

En el escrito presentado por el PSOE ante la Fiscalía se incidía en "la falta de respuesta de los órganos municipales" por "si fuera posible deducir que se hubiese producido la comisión de algún delito". En su opinión, según la normativa, Martín Serón y el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, deberían haber dejado el cargo por incompatibilidad.

La formación socialista presentó con fecha 30 de mayo de 2013 en el Registro General del Ayuntamiento sendos escritos al secretario general y al regidor del PP instándoles a que dieran cumplimiento al procedimiento establecido en el artículo 10 del Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) de las corporaciones locales, de modo que "el Pleno declarase la incompatibilidad de los cargos de alcalde y concejal de Urbanismo, produciéndose así la pérdida de la condición de miembros de la Corporación y la declaración de vacantes".

Martín Serón está a la espera de que el Tribunal Supremo (TS) dicte sentencia tras los recursos presentados por las defensas de los acusados, que pidieron la revocación del fallo de la Audiencia de Málaga. La sección octava de la Audiencia malagueña condenó en enero de 2012 al alcalde y a Guerra por supuestamente exigir a un constructor el pago de 122.000 euros como contrapartida a una licencia de obras que le fue concedida para la construcción de un edificio de 14 viviendas y garajes. En julio el Supremo aplazó durante un mes el dictado sobre los recursos.