Andalucía

Frente común por una causa única

  • Abogados defensores personados en la causa de los ERE critican la petición de la Fiscalía de dividir la causa en piezas y elevarla al Supremo Aprecian más inconvenientes que ventajas

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La Justicia y el Derecho encuentran en ocasiones extraños compañeros de viaje. ¿Quién apostaría hace unos meses que los abogados de los defensores de los imputados en los ERE se posicionaran a favor de la juez Alaya, la misma que lleva más de tres años investigando a sus clientes, a los que ha impuesto en muchos casos cuantiosas fianzas civiles? Pues esto es lo que sucede con la petición de la Fiscalía Anticorrupción de enviar la causa al Tribunal Supremo y la más que probable negativa de la juez a aceptar la alternativa del Ministerio Público de dividir la causa en varios grupos de piezas separadas.

El abogado Juan Carlos Alférez, que representa a varios imputados, considera que la división de la causa de los ERE en piezas separadas resultaría "contraria al ordenamiento jurídico y contravendría la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo citada por el Ministerio Público" en su escrito. En primer lugar, el letrado advierte que "afectaría a la penalidad y ello es un límite absoluto, dado que al investigarse delitos continuados, un imputado sólo puede ser acusado una sola vez y resultar condenado a una sola pena, luego si se desmembrara la causa en piezas para celebrar juicios separados, determinados imputados podrían llegar a ser potencialmente acusados decenas de veces y resultar condenados a penas astronómicas".

En segundo lugar, sostiene Alférez que la configuración de la presunta actividad criminal es "piramidal, permeable y transversal, es decir, según las tesis acusatorias de la instructora apoyada por la propia Fiscalía, la mayoría de los imputados pudieran resultar autores o cooperadores necesarios de varios de los episodios presuntamente delictivos investigados, lo que configura la causa como indiscutidamente indivisible". Y en tercer y último lugar, de seguirse las tesis de la Fiscalía y celebrarse multiplicidad de juicios, "existe un claro riesgo de sentencias contradictorias, pues por diferentes juzgados y tribunales tendría que analizarse y enjuiciarse un mismo tronco común, que no es otro que la tan debatida legalidad o ilegalidad del programa presupuestario 31 L."

Fernando de Pablo, letrado que representa al ex director general de Trabajo Javier Guerrero, coincide en que la división del sumario "creará un problema mayor" y causará indefensión a los procesados, que tendrán que solicitar abogados de oficio. Guerrero estaría previsiblemente en los más de 200 sumarios que se abriría, aclara De Pablo, lo que supondría algo inasumible para un despacho de abogados, que no podría soportar la infraestructura y el coste económico de asistirle en todos esos procesos y eso repercutiría en el nombramiento de centenares de abogados de oficio.

El abogado José Luis León expresa, en primer lugar, su "respetuosa discrepancia con la solicitud de la Fiscalía" y fundamenta su parecer en dos cuestiones básicas. "En primer lugar, en que la investigación no está concluida. En este tipo de supuestos, con aforamientos, el Tribunal Supremo no se caracteriza por su vocación instructora, con lo cual la elevación del procedimiento (ya sea íntegro o en parte) a dicho órgano conllevaría una casi segura devolución de lo remitido al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, para que éste agote la investigación pendiente". En segundo lugar, León entiende que este procedimiento es "difícilmente divisible". La escisión de la causa en piezas separadas "traería consigo la ruptura de la unidad del proceso y, por consiguiente, el riesgo cierto del dictado de sentencias contradictorias. El Tribunal Supremo podría, por ejemplo, declarar el procedimiento específico de ayudas ajustado a derecho, mientras que otro órgano judicial ya hubiese condenado a una empresa perceptora de estas ayudas. Y la Administración de Justicia no puede dar distintas soluciones a idénticos supuestos, riesgo inherente a la formación de piezas separadas para enjuiciamiento que postula la Fiscalía", concluye el letrado, que representa a varios de los imputados en la causa.

Manuel Pérez Cuajares, que representa a otro ex director general de Trabajo -Juan Márquez-, también se muestra a favor de la tesis de Alaya, que ya recientemente sostuvo que la mayor parte de la causa es "inescindible". Para este abogado, la división de la causa de los ERE en piezas separadas supondría "lo contrario" de lo que pretende la Fiscalía. "El fin que se persigue es legítimo pero traería problemas de tipo procesal, porque se celebrarían numerosos juicios y luego habría que pedir refundiciones de penas, etc."

Pérez Cuajares insiste en que, en el caso de los principales imputados, la división de la causa haría que el caso "desbordara lo previsible", por cuanto se tendrían que someter a cada uno de esos procedimientos, lo que conllevaría la necesidad de presentar diversos escritos en cada uno de los procedimientos, por ejemplo, de defensa de los procesados, por lo que coincide en que esta situación difícilmente podría ser asumida por un sólo abogado, a menos que éste "se dedicada sólo a este caso", lo cual es de otra parte imposible.

La petición de la Fiscalía ha suscitado el apoyo de los abogados defensores a la juez Alaya, que aún no se ha pronunciado sobre la solicitud de Anticorrupción, aunque la respuesta se espera de modo inminente. Al final, si como todo indica, la instructora mantiene su criterio y se niega a dividir la causa y a mandar por ahora la parte que afecta a los ex presidente de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros cinco ex consejeros al Tribunal Supremo, lo más probable es que la Fiscalía recurra esa negativa a la Audiencia de Sevilla, que tendrá la última palabra.

En las últimas ocasiones, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha dictado resoluciones contrarias a las tesis de Alaya. De hecho, en octubre pasado, el tribunal envió un mensaje claro a Alaya, al considera los magistrados que la instrucción de la causa de los ERE fraudulentos estaba prácticamente acabada y ya sólo queda determinar la posible participación de los aforados en el presunto desvío de fondos públicos a través de las pólizas de las prejubilaciones. El tribunal emplazó entonces tanto a la Fiscalía Anticorrupción como al resto de acusaciones e incluso a las defensas de los imputados a que acudieran directamente al Tribunal Supremo, de lo que se desprende que la Audiencia no creía que Alaya fuese a adoptar esta decisión de motu proprio. La última palabra, como casi siempre, la tendrá Alaya.

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