El calendario político vuelve a marcar el desarrollo de la causa que tramita el Tribunal Supremo contra la ex alcaldesa María José García-Pelayo por los contratos que realizó con empresas vinculadas a la trama Gürtel para la promoción de la ciudad en la edición de Fitur de 2004. Salvo acuerdo in extremis, las Cortes Generales se disolverán el próximo 2 de mayo, un trámite que propiciará que la ex alcaldesa pierda su condición de aforada al dejar de ser diputada. La única posibilidad de que mantenga esta prerrogativa es que sea elegida para la Diputación Permanente del Congreso, el único órgano que se mantiene operativo en el tiempo que transcurre desde la convocatoria de elecciones hasta la constitución de la nueva Cámara. Ayer, se nombraron sus miembros pero el PP no la ha incluido entre sus representantes. Eso sí, la formación tiene posibilidad de hacerlo en los siguientes días con la sustitución de alguno de los designados ayer. Así actuó hace escasamente siete meses cuando la eligió como suplente de la Diputación Permanente del Senado, una decisión que el PP reconoció que estaba vinculada a la causa abierta en el Supremo.

En el caso de que Pelayo se quede fuera de la diputación permanente, el Alto Tribunal dejaría de tener competencia sobre estas diligencias tras la disolución de las Cortes. Sin embargo, y según las fuentes jurídicas consultadas, esto no suele producirse de manera automática. En estos casos, y para evitar que haya intercambios innecesarios de diligencias entre tribunales, los magistrados suelen dejar en suspenso el procedimiento a la espera de conocer el futuro político del investigado.

Todo dependerá de la decisión que adopte el PP sobre García-Pelayo. Si decide volver a incluirla en las listas y resulta elegida, la causa permanecerá en Supremo. En caso contrario, el proceso volvería a la Audiencia Nacional, reunificándose con la causa existente en la que están encausadas nueve personas.