Una semana después de que el Ministerio de Hacienda ordenase a las comunidades que recortasen sus presupuestos, el Gobierno comunica que se amplía el objetivo de déficit en más del doble. Es decir, que si 2016 se debía cerrar con un desequilibrio entre los ingresos y los gastos del 0,3% del PIB, esta cifra se amplía hasta el 0,7%. Esto es consecuencia de la negociación que España mantiene con Bruselas para aligerar el déficit del Estado. Como consecuencia del incumplimiento español, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha estado negociando con la Comisión Europea una prórroga de un año, y aunque aún no se ha aceptado, la comunicación de ayer a las comunidades autónomas indica que se ha debido conseguir. No obstante, la orden de Hacienda y esta suerte de contraorden de Presidencia -el comunicado era de Moncloa, no de Economía- sí revela bastante descoordinación entre los ministerios económicos. El titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, se reunió el viernes con las comunidades en un tenso encuentro para ajustar los presupuestos, sin que se comunicase nada de esta flexibilización. Ciertamente, se pudo ahorrar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera hasta hablar con su colega De Guindos.

España consigue ocho décimas más de déficit, que se reparten entre las cuatro de más para las comunidades y otro tanto para la Seguridad Social. Este organismo podrá alcanzar también un desvío del 0,7%.

Desde la Consejería de Hacienda se juzgó esto como una "pequeña victoria" de las autonomías, puesto que los hechos vienen a demostrar que el déficit adjudicado era excesivamente bajo. En el caso andaluz, el Presupuesto de 2016 incluía un déficit del 0,3%, que ahora podrá llegar al 0,7%, aunque eso no significa un aumento del gasto mediante nuevas partidas no contempladas en la ley. Esto está prohibido, pero sí permitirá "un objetivo más realista", según se explicó desde la Junta.

Uno de los gastos extraordinarios de 2016 también va a ser el de las vacunas de la hepatitis C, al menos mientras el Gobierno central no asuma el coste tal como se comprometió. A Andalucía se le adjudicó en 2015 un gasto de 190 millones de euros por ello, aunque en 2016 debe ser menor.

Comunidades como Cataluña y Valencia doblan el desvío andaluz del déficit, que el año pasado fue del 1,13%, por lo que el nuevo objetivo también se presenta de difícil consecución.

Lo que aún no saben las comunidades autónomas es si se mantiene la orden de no disponibilidad de gasto que impuso Cristóbal Montoro, y que en el caso andaluz era de 590 millones de euros. Si al anuncio de ayer se suma el plante de las comunidades autónomas, es correcto suponer que ninguna comunidad va a ejecutar una orden de no disponibilidad, que es un recorte en los presupuestos actuales. El acuerdo de déficit debe ser aprobado por Bruselas y también por el Congreso, aunque es posible que, para entonces, este asunto deba ser tratado por la comisión permanente. La fecha límite para el acuerdo de Gobierno es el 2 de mayo; a partir de entonces, las Cortes quedarán disueltas.