Al Gobierno andaluz se le atraganta la Revolución Verde

De vez en cuanto, en los anuncios de la plataforma musical Spotify, los andaluces pueden escuchar hablar sobre la ley de Economía Circular. Este proyecto de ley lleva meses en los cajones de la Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible, se aprobó en el Consejo de Gobierno a mediados de diciembre y llega al Pleno este jueves, en la que será la primera sesión ordinaria de 2022. La suerte ha querido que esta norma, uno de los proyectos estrella de la Junta en la "Revolución Verde" que quiere impulsar Juanma Moreno, llegue al Parlamento andaluz en el mismo Pleno que abordará la toma en consideración de la proposición de ley sobre los regadíos en el entorno de Doñana que ha llevado a la Comisión Europea a enviar una carta demoledora en la que advierte de duras consecuencias para España en caso de que el texto impulsado por PP, Cs y Vox salga adelante.

Esta coincidencia ocurrirá en la Cámara regional justo después de la polémica por la llegada de unos residuos tóxicos al vertedero de Nerva que han terminado de poner el foco la ecuación entre la protección del medio ambiente -que Juanma Moreno abandera en sus discursos- y el desarrollo económico vinculado al medio natural. Todo ello en los inicios de un año electoral con la fecha de los comicios en un horizonte difuso y con rumores de convocatoria inminente, eso sí, negados desde San Telmo. Y a menos de una semana de las elecciones en Castilla y León, donde el también popular Alfonso Fernández Mañueco se acerca, cada vez más, a un escenario en el que tendrá que acercarse a Vox si quiere seguir gobernando. Con lo que eso puede significar para Juanma Moreno.

¿Cómo ha llegado aquí el Gobierno andaluz en un momento crucial para la legislatura? El presidente tiene un interés genuino por la situación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Quien conoce a Juanma Moreno confirma que el discurso de la "Revolución Verde" no es impostado en el político malagueño. Y es cierto que el transporte de residuos desde Montenegro al depósito onubense cuenta con el aval tanto de la Junta como del Gobierno central, por lo que toda la responsabilidad no es del Ejecutivo de PP y Cs. Pero la imagen no es buena, sobre todo cuando ha provocado movilizaciones en Nerva con presencia de la presidenta de la Diputación de Huelva, la socialista María Eugenia Limón, y los dirigentes de IU Inmaculada Nieto y Toni Valero.

El asunto de Nerva, que todavía dará de sí varios capítulos, se antoja pequeño con el problema que puede provocar la propuesta de ampliación de la zona regable en la corona norte de Doñana. El Gobierno de Juanma Moreno, en puridad, no es el responsable de la idea, pero a nadie escapa que la iniciativa de PP, Ciudadanos y Vox, de salir adelante, debe ir de la mano de San Telmo. San Telmo no ha emitido todavía el informe que suele elaborar sobre cada iniciativa legislativa que llega de los grupos parlamentarios, lo que da pistas de lo delicado del asunto que ha provocado reacciones en contra desde el Gobierno central, la citada Comisión Europea y la Unesco, que ha advertido que Doñana es un humedal que está protegido en la lista de Patrimonio que elabora esta agencia de la ONU.

Rechazo a un acto sobre Doñana en el Parlamento

Otra pista del nerviosismo que provoca el plan para regularizar 1.461 hectáreas de regadíos es la negativa de PP, Cs y Vox a que Unidas Podemos celebre hoy en el Parlamento una jornada con ecologistas sobre el estado del espacio protegido. A nadie escapa que se convertirá en un ariete contra la proposición de ley, pero es muy poco habitual que se niegue a un grupo parlamentario la disponibilidad de un espacio de la Cámara para un acto político. Los partidos que han impulsado el plan de Doñana, en una inusual votación de la Mesa de la Cámara celebrada por Whatsapp, rechazaron la petición forman realizada por UP después de que la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet, le asegurase a la portavoz de la coalición, Inmaculada Nieto, que podría disponer de la sala de usos múltiples del antiguo Hospital de las Cinco Llagas.

En la oposición de izquierdas confían que la advertencia de Bruselas congele el plan que se debate este miércoles en el Pleno. Sin embargo, hay que recordar que se trata de una toma en consideración y que sólo supondría la entrada del texto en el Parlamento para su posterior tramitación. UP está radicalmente en contra, pero en el PSOE no son tan tajantes conscientes, explican, de que hay un problema con los agricultores que debe solucionarse. Los socialistas sí son muy críticos con la fórmula elegida por los partidos del Gobierno, ya que creen que sirve para polarizar a los implicados, pero no para atajar el conflicto. El viernes, en el Pleno de la Diputación de Huelva, el PSOE apoyó una moción del PP que incluía un apoyo a la aprobación de la proposición de ley, pero sólo dieron el voto positivo cuando lograron incluir una serie de enmiendas encaminadas a mejorar las infraestructuras que puedan llevar agua en superficie para aumentar la capacidad de riego en la zona.

Horas después de la votación de la proposición de ley del plan de Doñana, se debatirá la toma en consideración de la ley de Economía Circular. El texto, centrado en la gestión de residuos, cuenta con el aval de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), donde el PSOE tiene mayoría. No es extraño entonces que en el departamento de Carmen Crespo se hayan acercado a los socialistas, con quienes han mantenido reuniones para amarrar los votos y sacar adelante el texto. Como muchos otros proyectos de ley del Gobierno tramitados en los últimos meses, la norma irá por el trámite de urgencia, lo que significa que puede aprobarse en varios meses. Esto no gusta al PSOE, que sospecha que el acercamiento del Ejecutivo es consecuencia de lo difícil que es que Vox apruebe un texto encuadrado en los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda 2030. Un rechazo del PSOE, unido al más que probable de Vox, puede dar alas al alimento del adelanto electoral, algo que también saben los socialistas. La revolución verde podría acabar haciendo estallar la legislatura.