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Andalucía

El Gobierno andaluz consigue un colchón de 320 millones para 2020

  • El artificio fiscal del decimotercer mes del IVA de 2017 se compensa ahora con otro artefacto contable que otorga un respiro de dos años al consejero andaluz de Hacienda

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, flanqueada por la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, y la titular de Política Territorial, Carolina Darias. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, flanqueada por la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, y la titular de Política Territorial, Carolina Darias.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, flanqueada por la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, y la titular de Política Territorial, Carolina Darias. / efe

Más allá de la indignación que haya que mantener hasta este 28 de febrero, cuando el presidente Juanma Moreno recuperará el tono andalucista de las conmemoraciones más reivindicativas de esta comunidad, el consejero de Hacienda, Juan Bravo, no tiene por qué sentirse insatisfecho con lo sucedido en Madrid el viernes. La ministra María Jesús Montero no va a pagarle los 537 millones de euros del IVA, es cierto, pero el acuerdo propuesto por el Gobierno central le permite a Juan Bravo volver a poner a cero el reloj que se le retrasó en 2019. La Junta tiene ahora la posibilidad real de haber cumplido con el objetivo de déficit de 2019, podrá salir a los mercados en octubre y tiene 320 millones de euros más para gastar en 2020. Y 160 millones en 2021.

A un artificio le ha sucedido otro. Lo del mes extraordinario del IVA no fue más que un dinero que Cristóbal Montoro computó como ingreso de 2018 cuando, en realidad, era de diciembre de 2017. Su sucesora en el cargo, María Jesús Montero, quiso arreglar el desfase con un artificio fiscal, le daría a las comunidades autónomas 2.500 millones de euros más (536 millones eran para Andalucía), aunque más que una deuda real era un regalo para que las administraciones gobernadas por el PP presionasen al partido para aprobar su proyecto de Presupuesto General de 2019. No pudo ser, y ese dinero, en efecto, se esfumó. España había conseguido relajar el objetivo de déficit con Bruselas, por lo que habría más dinero para el Estado y para las comunidades, pero aquel colchón se perdió.

Lo que Montero ha entregado ahora a las comunidades autónomas -lo pactado el viernes en Madrid con los votos en contra de Andalucía y Galicia-, entre otros, es un paliativo de los 536 millones de euros. No es lo mismo, pero es casi igual. De momento, esa cantidad, que Juan Bravo apuntó en el Presupuesto andaluz de 2019, no computa para calcular el déficit de ese ejercicio. De modo que si el consejero andaluz hizo bien las cuentas, Andalucía debe haberse quedado en el desequilibrio pactado. Estos es muy importante, porque permitiría que la Junta pudiese endeudarse en los mercados a partir de octubre.

En los mercados, ahora, no hay nada que ofrecer mejor que lo que da la Administración General del Estado con cargo al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que cobra al cero por ciento de interés. Se trata de un asunto de prestigio.

Pero hay más. El Presupuesto andaluz de 2020 se ha calculado para tener un déficit cero; es decir, para no incurrir en ningún desequilibrio, pero Madrid permitirá ahora que pueda llegarse al 0,2%. Estas décimas equivalen a 320 millones de euros. Lo que hará España es conseguir que Bruselas le relaje el objetivo de déficit, y una buena parte de ese colchón se lo traspasa a las comunidades autónomas. Bravo tiene dos opciones: permitirse la alegría de disponer de esos 320 millones más o no incurrir en déficit, seguir en el cero por ciento. Es una decisión política.

2021 tampoco se le presenta mal, porque ese ejercicio también dispondrá de un margen de una décima, que son 160 millones de euros en el caso de Andalucía. El Gobierno andaluz podrá seguir protestando, pero ese balón de oxígeno no figuraba en los planes de Bravo. El consejero de Hacienda ha respondido que él quiere sus 537 minolles, que no quiere incurrir en déficit, pero este domingo se encontrará mucho mejor que el viernes.

Ahora bien, los problemas de financiación de Andalucía no se resuelven con el dichoso decimotercer mes del IVA, el asunto es más complicado y, lo que es peor, puede agravarse. El Gobierno central sabe, y la ministra Montero mucho más, que las comunidades autónomas no reciben suficiente dinero para prestar los servicios esenciales de salud, educación y dependencia. Necesitan más.

En el caso andaluz, según los cálculos de la propia ministra, son unos 4.000 millones de euros. 16.000 millones en su conjunto, y ese dinero no se obtendrá quitando de unas comunidades y dándoselo a otras, por la sencilla razón de que las más pobladas son las más asfixiadas. El actual sistema, pactado entre el PSOE y ERC, es malo para todas las que cuentan, y su solución sólo puede venir de un mayor traspaso de los ingresos desde el Estado a las comunidades. Pongamos por caso: en vez de recibir el 50% del IVA, tendrán que ingresar el 60%. No hay otra.

Pero a diferencia de lo sucedido con la última negociación, en la que el sello catalán se dejó sentir, esta vez la Generalitat no quiere saber nada del siguiente modelo. ¿Por qué? Porque quiere estar fuera, porque Cataluña busca un concierto particular con el Estado, similar al del País Vasco. Si recuerdan fue ése el motivo por el que Artur Mas decidió comenzar su deriva independentista. Rajoy se lo negó y el entonces convergente acercó la cerilla a la pira que él mismo había reunido.

Entre las 44 propuestas que el Gobierno de Pedro Sánchez presentó a Quim Torra el pasado jueves se encuentra la de negociar un marco fiscal para Cataluña. ¿Un nuevo cupo para otra comunidad rica? Puede ser, el portazo de Rajoy no lo ha querido dar Pedro Sánchez.

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