Andalucía

El Gobierno andaluz redobla el control de la plantilla de la Administración paralela en el Presupuesto de 2021

  • El borrador de las cuentas autonómicas exige a los entes instrumentales un inventario de puestos de trabajo para poner en marcha "planes eficientes de ordenación de recursos humanos"

El consejero de Hacienda, Juan Bravo, en el Parlamento de Andalucía. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, en el Parlamento de Andalucía.

El consejero de Hacienda, Juan Bravo, en el Parlamento de Andalucía. / M. G.

El control del sector instrumental de la Junta es una prioridad para PP y Ciudadanos incluso desde antes de que formaran la coalición que gobierna en Andalucía desde hace ya casi dos años. El Ejecutivo tiene el foco en la llamada administración paralela como también lo tiene Vox. El todavía socio parlamentario de Juanma Moreno puso sobre la mesa la reducción de estos entes como condición para apoyar las cuentas vigentes y recuerda siempre que puede que su prioridad es eliminar el gasto superfluo asociado a los más de 100 organismos del sector público. Según los últimos cálculos de la Junta, la administración paralela da trabajo a 26.000 personas, pero la cifra se conocerá con exactitud en los próximos meses, ya que el borrador del Presupuesto de la Junta para 2021 contempla la realización de un "inventario" actualizado de las plantillas del sector instrumental para después poner en marcha "planes eficientes de ordenación de recursos humanos" en estos organismos. 

El esbozo de las cuentas autonómicas está ya sometido a información pública e incluye varias novedades, como la disposición adicional duodécima, que contempla "exigir" a los entes instrumentales información sobre sus trabajadores. El objetivo es "homogeneizar" los puestos de trabajo, tener "un mejor tratamiento de la información". Ese inventario de la plantilla de la administración paralela servirá "como herramienta de control de los puestos de trabajo".

La redacción de esta adenda al proyecto de Presupuestos es la continuación lógica de otros pasos ya dados por el Ejecutivo con el aval de sus socios de Vox. En el acuerdo que dio luz verde a las cuentas vigentes se incluyó la reserva de 15 millones de euros para gastos asociados a la racionalización del sector público. Se habló entonces de “gastos indemnizatorios”, es decir, de posibles despidos.

No obstante cualquier ajuste debe partir del análisis ofrecido por las auditorías reclamadas por el partido que dirige en Andalucía Alejandro Hernández. El Gobierno andaluz encargó este análisis externo a algunas de las firmas de auditoría más importantes del sector, pero no habrá resultados hasta finales de este año, como muy pronto. Esto significa que las consecuencias de las auditorías privadas –y los posibles despidos o reajustes– no podrán ya ejecutarse en 2020.

Es cierto que las relaciones entre la Junta y Vox no pasan por su mejor momento. El propio Hernández insistió la semana pasada en que las negociaciones del Presupuesto están suspendidas como consecuencia del duro discurso de Pablo Casado contra Santiago Abascal en la moción de censura fallida del líder de Vox. Las “nuevas relaciones” entre populares y sus hasta ahora socios en Andalucía han provocado incluso el retraso de los planes de Juan Bravo, que pretendía presentar las cuentas de 2021 antes del 31 de octubre, que es la fecha que marca la norma presupuestaria para aprobar el proyecto y llevarlo al Parlamento. 

Pese a la congelación de las conversaciones, el borrador de las cuentas del año que viene está marcado por el compromiso de controlar la administración paralela. Además del mencionado inventario, destaca el mantenimiento de la disposición adicional sexta, que impide aumentar el número de puestos directivos en el sector público autonómico. Además, en la nueva disposición decimotercera se establece que cualquier cambio retributivo que provoque un aumento en la masa salarial deberá contar con la autorización del Consejo de Gobierno.

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