La primera en la frente. Apenas recién aterrizado en La Moncloa, el Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy no ha tardado en dejar claro que mirará con lupa, y sobre todo intentará cambiar con todas las armas a su disposición, las cosas que no son de su agrado en otras comunidades autónomas. En el caso de Andalucía, donde aún gobierna el adversario, los socialistas, al Consejo de Ministros le ha bastado una segunda reunión para poner sobre la mesa la polémica del cerrojazo que el PSOE echó a los alcaldes en el Parlamento. O bastón de mando en la Alcaldía o sillón en la Cámara autonómica, pero no las dos cosas. Incompatibilidad total.

Éste ha sido uno de los enfrentamientos de mayor octanaje entre socialistas y populares durante este año que ya termina. El Parlamento fue escenario de sesiones muy calientes, con algunas de las primeras figuras del PP -todas ellas alcaldes de su municipio- liderando la ofensiva contra la iniciativa socialista, que sin embrago salió adelante gracias a su mayoría absoluta.

Tuvieron un aliado inesperado: el primer edil de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo (IU-CA), quien incluso votó en contra de lo que defendía su propio grupo parlamentario, aliado con las tesis socialistas de la incompatibilidad de cargos.

Pues bien, ha sido precisamente el departamento de uno de los llamados ministros andaluces, el de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, el que ayer puso en conocimiento del Consejo de Ministros el informe elaborado sobre esa ley autonómica que saca a los alcaldes del Parlamento andaluz. A la vista del documento, el Gobierno aprobó ayer emprender los trámites pertinentes que pueden desembocar en la presentación de un recurso de inconstitucionalidad.

Se trata, en primer instancia, de un éxito del hombre del PP en Andalucía, Javier Arenas, que certifica de esta manera que el Gobierno presidido por su jefe nacional no ha demorado en abordar un asunto al que el candidato de los populares a la Presidencia de Andalucía ha dedicado muchas horas y múltiples esfuerzos. El PP está dispuesto a todo para que los alcaldes puedan seguir optando a un escaño en el Parlamento. Y ayer quedó demostrado en La Moncloa.

La iniciativa del Ejecutivo tiene su trascendencia. Fuentes del PP destacaron que si el Tribunal Constitucional admite a trámite ese posible recurso contra la ley andaluza, ello supondría la suspensión cautelar de la norma autonómica y la incompatibilidad no podría aplicarse. Las mismas fuentes apuntan a que la admisión por parte del Constitucional tendrá lugar antes del próximo mes de marzo, es decir, antes de las autonómicas, por lo que Arenas no tendría que ejecutar lo que anunció en su día si se convierte en presidente de la Junta: acabar con este "atropello" o, en palabras de Sánchez Gordillo, este "auténtico disparate".

Además, el recurso se interpondría contra la ley que regula el estatuto de los ex presidentes de la Junta y también contra la de incompatibilidades de altos cargos de la Administración autonómica y de declaración de actividades, bienes e intereses de altos cargos y otros cargos públicos. Respecto a esta última, el recurso se ceñiría exclusivamente a fundir el artículo primero en la redacción que da al artículo 6 de la Ley Electoral de Andalucía.

El portavoz del PSOE en el Parlamento, Mario Jiménez, arremetió ayer contra el Gobierno de Rajoy porque parece que el Consejo de Ministros, dijo, "está legislando contra Andalucía".

Los socialistas, en palabras de Jiménez, están "enormemente preocupados de que el Gobierno haya puesto en marcha la estrategia de acoso a los intereses de Andalucía", y no descartó que para su defensa el partido emprenda tanto acciones políticas como judiciales.