Después de casi cuatro meses de juicio, ha llegado uno de los momentos más esperados en el escándalo de los ERE. El ex presidente de la Junta José Antonio Griñán ha declarado ante el tribunal que juzga la pieza principal de los ERE y lo ha hecho defendiendo que no recibió ninguno de los informes con los reparos de la Intervención General de la Junta a las ayudas porque estos informes no alertaban de que se hubiera producido ningún "menoscabo o riesgo de menoscabo" de los fondos públicos y por tanto no se requería ninguna "actuación directa" suya, en su condición de consejero de Economía y Hacienda, cargo que ocupó entre los años 2004 y 2009.

El ex presidente ha explicado a preguntas del fiscal delegado de Anticorrupción Manuel Fernández Guerra que en los acuerdos anuales de Control Financiero Permanente que cada año aprobaba el Consejo de Gobierno se incluía una cláusula por la que si no se aceptaban las recomendaciones de la Intervención General o si este órgano de control detectaba ese menoscabo de fondos públicos, se presentaría un informe de actuación por parte de la Intervención. 

Griñán ha dicho que si esas "debilidades", en alusión a las deficiencias detectadas en las ayudas de la Consejería de Empleo que se pagaban a través del IFA/IDEA, no han sido objeto de ese informe de actuación se porque no han sido consideradas de relevancia por la Intervención, puesto que "la gravedad que emite el interventor actuante es la que promueve o no el informe de actuación si considera" que el organismo lleva tiempo sin subsanar las deficiencias o se detecta ese menoscabo o riesgo de menoscabo de fondos públicos, y es en esos supuestos cuando se requeriría la intervención del consejero de Economía y Hacienda para su elevación al Consejo de Gobierno de la Junta.

En cualquier caso, el ex presidente ha defendido que "jamás se le ha dado traslado de un informe que pidiera una actuación directa del consejero". Griñán ha explicado que todos esos informe se presentaron de acuerdo con el artículo 12.3 del decreto 9/99, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía, pero nunca plantearon la realización de un "informe de actuación", que figura en el artículo 12.5, por lo que esos dictámenes de la Intervención "no pedían nada en particular" que debiera hacer la Consejería.

El ex presidente ha señalado que la entonces viceconsejera de Economía y también acusada Carmen Martínez Aguayo no le remitió ninguno de esos informes con los reparos de la Intervención porque en ellos no se solicitaba ninguna actuación del consejero, argumento en el que la declaración de Griñán coincide plenamente con la que ha prestado Aguayo ante este mismo tribunal. "Si no se promueve la actuación del consejero y no se le remite el informe éste no puede actuar", ha insistido Griñán, que también ha negado que se le informara de que la Intervención no había aceptado las alegaciones y el sistema para el pago de las ayudas continuó funcionando en los años siguientes.

Griñán ha negado también que Aguayo le transmitiera, por sus reuniones y conversaciones con el interventor general Manuel Gómez, el uso inadecuado de las transferencias o que se hubiera ocasionado un déficit presupuestario en el IFA y una falta de control de las ayudas. "Ignoro si esa conversación existió y si existió no se me comunicó", ha sentenciado Griñán, que también ha dicho que "nunca despachó" con el director de Trabajo Javier Guerrero, el principal acusado.

El representante del Ministerio Público le ha preguntado, con ocasión de las deficiencias recogidas en uno de esos informes, si su departamento no actuó. "¿Qué facultades tiene Hacienda?", se ha preguntado el ex alto cargo, que ha añadido que la Consejería de Hacienda "no tiene ninguna supremacía sobre las otras consejerías", al tiempo que ha recordado que las actuaciones de la Intervención iban dirigidas a las consejerías "concernidas" por esos informes, pero no a Hacienda.

El ex presidente también ha tratado de desmontar otro de los pilares de las acusaciones respecto a que el uso de las transferencias de financiación al IFA/IDEA omitía la fiscalización previa de las ayudas, al defender la legalidad de las transferencias, que a su juicio simplemente son un "mecanismo presupuestario" para "allegar unos recursos" entre organismos y que además es utilizado por todas las administraciones públicas. "No hay una sola ley que diga que las transferencias sólo pueden usarse para compensar pérdidas", ha afirmado Griñán, en contra de la tesis que sostienen los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

A lo largo de su declaración, Griñán ha defendido la legalidad del sistema por el que se concedían las ayudas y así ha puesto como ejemplo que cuando él llega a la consejería de Economía y Hacienda, en el año 2004, se habían aprobado por el Parlamento andaluz tres presupuestos que incluían las transferencias de financiación para el pago de las ayudas y la Cámara de Cuentas no había realizado "ningún reproche", por lo que estaban en la ley y "son legales". El ex presidente se ha extendido en esta respuesta al afirmar que en las cuentas generales que se remitieron a la Cámara de Cuentas este organismo de fiscalización externa "nunca hizo tacha de ilegalidad ni reproche alguno al programa 31L".

La Intervención, ha continuado, "siempre ha considerado que las transferencias eran inadecuadas pero legales", que ha insistido en que cuando la Cámara de Cuentas ha fiscalizado las ayudas bajo sospecha entre los años 2001 y 2010 "en ningún ejercicio" ha apreciado ninguna tacha de ilegalidad en la partida 31L ni en las transferencias de financiación.

Griñán ha dicho que el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez es "una persona muy rigurosa" y era "el alma de los acuerdos del Consejo de Gobierno que promovían las modificaciones para mejorar el Control Financiero Permante", destacando que el propio interventor en el año 2005 señaló que se había incrementado la plantilla con cinco personas que pertenecen al ámbito de la auditoría privada. "No es verdad que no se hiciera nada en el Control Financiero Permanente, es que se hizo mucho hasta llegar a la encomienda de gestión" del año 2009.

El fiscal, que ha estado cinco horas interrogando a Griñán, le ha realizado una última pregunta en la que le ha preguntado si tendría que añadir algo sobre el instructor del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, que abrió la causa contra los entonces aforados. Griñán se ha limitado a decir "que no había malversación", en referencia al informe final del instructor que no apreció este delito cuando concluyó su investigación.

El ex alto cargo ha defendido igualmente que en el año 2009 la Junta de Andalucía ha sido la administración pública que "por primera vez en España ha regulado ampliamente y a instancias de la Intervención la figura de la encomienda de gestión", y ha añadido que la que está "bajo sospecha históricamente" es la encomienda de gestión, no las transferencias de financiación, que son "inocentes" porque las transferencias "no reconocen ninguna subvención" y el IFA ejecutaba el pago de una ayuda que "se había reconocido" en la Consejería de Empleo. También ha defendido el ex presidente que fue él quien propuso al Consejo de Gobierno que todo el programa 31L, entre los años 2001 y 2010, se sometiera a fiscalización por parte de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

El interrogatorio de Griñán se ha desarrollado durante varias horas y ha estado marcado por un intenso debate eminentemente técnico, sobre materia presupuestaria y contable, que ha mantenido con el fiscal delegado de Anticorrupción, dando la impresión por momentos que sólo el acusado y el fiscal eran capaces de seguir el debate dada su complejidad técnica, y de hecho ha habido momentos destacados en los que se han enzarzado en una discusión sobre si las transferencias se hicieron mediante el "capítulo VIII" o el "capítulo IV" de los presupuestos.

Al inicio de su declaración, Griñán ha afirmado que "no conocía" la partida presupuestaria 31L, por la que se concedieron durante una década las ayudas sociolaborales y a empresas. En su declaración, el ex presidente ha dicho que no tuvo conocimiento de esta partida, conocida coloquialmente como el fondo de reptiles, hasta que surgió la causa judicial por el escándalo de los ERE fraudulentos, pero sí conocía que se concedían ayudas sociolaborales y ha justificado ese desconocimiento de la nomenclatura porque un consejero no puede conocer hasta ese detalle todos los programas presupuestarios en una administración que tiene 250.000 funcionarios.

Griñán, que ha ratificado la declaración que prestó ante el Tribunal Supremo en abril de 2015, está respondiendo a las preguntas del fiscal delegado de Anticorrupción Manuel Fernández Guerra, quien le ha exhibido los datos correspondientes a la partida 31L del presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2005, donde se concedieron 82.237.660 euros para esta partida, lo que supone el 45,4% del total de los programas.El fiscal, que reclama una condena de seis años de cárcel y 30 de inhabilitación para el ex presidente por delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, le ha preguntado expresamente si no conocía este programa que era el más importante de la Consejería de Empleo, a lo que Griñán ha contestado afirmando que se trata de una "parte insignificante de la Consejería de Empleo". Luego ha puntualizado, a preguntas de su letrado defensor, José María Mohedano, que de los 1.019 millones que tenía de presupuesto Empleo aquel año, las transferencias representaban en torno a un 8% sólo, y si se comparan con el presupuesto total de la Junta la partida 31L "no ha pasado del 0,3%".

En cualquier caso, el ex presidente ha explicado que él podría conocer los gastos de ejecución que figuran en la cuenta general de la Junta que se enviaba a la Cámara de Cuentas y en este sentido ha afirmado que en todas y cada uno de esos años el "gasto comprometido por el programa 31L fue inferior a los créditos disponibles". De esta forma, ha negado que tuviera conocimiento del déficit o desajuste presupuestario provocado en el IFA por las transferencias de financiación, y su defensa ha exhibido las liquidaciones de los presupuestos de gastos correspondiente al programa 31L de 2004 a 2009 en los que se acredita que el "crédito dispuesto fue ligeramente superior al gasto realizado", por lo que corrobora que "no hay ningún déficit".

Al inicio de su comparecencia, Griñán se ha remontado a su etapa como ministro de Trabajo, y el fiscal le ha preguntado por las órdenes del Ministerio de Trabajo de los años 1994 y 1995 que él mismo firmó como titular del Ministerio y en las que se regulaban ayudas a la prejubilación de trabajadores y a empresas en crisis.

Griñán ha explicado  a este respecto que la orden del 5 de abril de 1995 era una "refundición" en la que se incluían varios tipos de ayudas, entre ellas unas para trabajadores que se encontraban "absolutamente desasistidos", a los que se les habían acabado las prestaciones por desempleo y aún no tenían la edad para acogerse a la jubilación.

El ex presidente ha afirmado que la orden de 1994 es "aplicable directamente" en el caso de Andalucía, sin necesidad de que fuese desarrollada por una normativa, porque reparte dinero entre las comunidades autónomas, mientras que la orden del 95, ha subrayado, la aplicaba el Ministerio de Trabajo "con los presupuestos generales del Estado", y si otras Comunidades Autónomas querían aplicarla "tendrían que ponerlo en sus propios presupuestos".

El ex presidente ha aludido a la doctrina del Consejo de Estado para defender que no se trataba de unas subvenciones, por cuanto "las subvenciones tienen que concederse para hacer algo" y si no tienen contraprestación y se dan "para nada, ante una situación de necesidad", entonces no tienen el carácter de subvenciones.

El acusado ha señalado que los presupuestos de cada consejería lo elaboraba cada una de ellas, no la Consejería de Hacienda, y ha precisado que las distintas modificaciones presupuestarias que se hicieron a la partida 31L, eran elevadas por Hacienda "con el visto bueno de la Dirección General de Presupuestos, que las tramita, y el informe favorable de la Intervención General de la Junta".

En este punto, Griñán ha tenido unas palabras con el fiscal delegado de Anticorrupción a raíz de uno de los documentos que se le han exhibido sobre una de las modificaciones, en la que el ex presidente ha asegurado que el documento que él firmó era otro cosa, porque venía otra página con el visto bueno de la dirección general de Presupuestos y el visado de la Intervención. El fiscal ha contestado que puede ser cierto lo que estaba diciendo y Griñán le ha replicado con firmeza: "Es cierto, señor fiscal".

En otro momento de la declaración, el presidente del tribunal ha llamado la atención del fiscal y ha parado su línea de interrogatorio, al requerirle para que no hiciera más preguntas "sobre extremos que el acusado dice que desconoce". El presidente del tribunal también le ha recordado a la letrada que ejerce la acusación popular por el PP la prohibición de realizar "gestos de aprobación o desaprobación" a lo que está declarando el acusado.

Griñán ha negado que tuviera conocimiento de una retención de créditos de 38 millones de pesetas ordenada por la Intervención en la Consejería de Empleo. Tras la declaración de Griñán, el juicio se reanudará el próximo lunes, con el interrogatorio del ex presidente Manuel Chaves, y el martes finalizarán las declaraciones de los 22 ex altos cargos con el testimonio del ex secretario general técnico de Empleo Juan Francisco Sánchez García, al que se concedió la posibilidad de declarar en último lugar porque cambió de abogado defensor poco antes de que arrancara la vista oral, en diciembre pasado.