Los directores generales de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez crearon una "estructura paralela" de empleados que no eran funcionarios para delinquir. Ésta es la grave acusación que incluyen los letrados del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía en un recurso de reforma que han presentado en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en el que reclaman a la juez María Núñez Bolaños que revoque el archivo de la pieza separada en la que se investiga una ayuda de 300.000 euros concedida al Obispado de Cádiz.

La Administración autonómica destaca en su recurso la actuación "absolutamente decisiva" en la concesión de esta ayuda de la asesora de Empleo María José Rofa, que esta semana ha declarado en el juicio de los ERE, y de otro empleado contratado por la Dirección General de Trabajo, mientras que la defensa de Rofa ha respondido al escrito de la Junta denunciando la "persecución encarnizada" que ha sufrido la ex asesora por parte de la Junta y asegurando que las afirmaciones de la Junta suponen que se creó una maquinaria como si fuera "casi un sindicato del crimen".

La juez María Núñez Bolaños acordó en febrero pasado el archivo de esta pieza de los ERE, en la que tuvo que declarar como investigado el obispo emérito de Cádiz Antonio Ceballos Atienza, en un auto en el que la instructora afirmó que los beneficiarios de las ayudas de los ERE pueden considerarse "víctimas o perjudicados" más que delincuentes de la "caótica y desordenada" tramitación de los expedientes por parte del director general de Trabajo Javier Guerrero.

Ese auto de archivo ha sido ahora recurrido por la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía, cuyo gabinete jurídico carga las tintas contra la ex asesora de Empleo María José Rofa, a la que define como la "mano derecha" del director de Trabajo Juan Márquez. La Administración señala que Rofa actuaba al "margen de cualquier procedimiento administrativo y de cualquier comportamiento típicamente funcionarial y ostentaba directamente junto con el señor Márquez el dominio del hecho". Según la Junta, "ningún funcionario público, protegido por prerrogativas como la inamovilidad y dotado de presunción de legalidad en su actuación (a diferencia de otros empleados), podía ser compelido a realizar los hechos que se investigan".

Pero la acusación particular va incluso más allá a la firmar que por eso precisamente la dirección general de Trabajo, primero con Guerrero y después con Márquez, se dotó de "una estructura paralela, sin funcionarios públicos", integrada por personas contratadas como María José Rofa, Jesús Andrés Rodríguez o el ex diputado del PSOE Ramón Díaz Alcaraz, pues "es evidente que el mantenimiento durante tanto tiempo de una conducta irregular en el seno de la Dirección General de Trabajo sólo era posible acudiendo a personal de confianza que no estuviera protegido por las prerrogativas que a los funcionarios otorga la ley para, precisamente, evitarles represalias en caso de que se nieguen a infringir el ordenamiento jurídico".

La Junta asegura que Rofa asumió con el director la "interlocución con las empresas, sindicatos, mediadoras y aseguradoras y la decisión de incluir a unas personas u otras"

Rofa y Rodríguez no era funcionarios públicos sino "personal de confianza" de Juan Márquez, y "en esta condición, asumieron directamente junto con éste la interlocución con las empresas, sindicatos, mediadoras y aseguradoras y la decisión de incluir a unas personas u otras entre los beneficiarios de las pólizas de prejubilación o conceder las ayudas", hechos que la Junta asegura que se "desprenden claramente" del atestado policial. Los indicios que recaen sobre los dos trabajadores de la dirección general "como coprotagonistas necesarios e imprescindibles de la acción delictiva junto con el señor Márquez no sólo no se desvanecen sino que resultan firmes", sostiene la Junta, que concluye que la actuación de estos dos ex empleados de la dirección general de Trabajo, más allá de poder ser considerada meramente instrumental, era "absolutamente decisiva en la concesión irregular de la subvención y, en consecuencia, para la causación de un daño patrimonial injustificado, por ser ajeno al interés público, en la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma", por lo que rechaza el archivo de la causa contra ambos.

Por su parte, el abogado Ignacio Rivas, que representa a María José Rofa, ha denunciado la "persecución encarnizada" que a su juicio ha sufrido la ex asesora por parte de la Junta y que viene "demostrada por los hechos que han acontecido a lo largo de todo el proceso de los ERE", siendo "ingente" la cantidad de recursos económicos utilizados para "intentar hacerle la vida imposible", recordando como esta acusación particular reclamó una fianza de 75 millones para Rofa, pero al final la Audiencia sólo le impuso "480 euros". "Donde ya no acusa el Ministerio Fiscal, ahí está la Junta de Andalucía, persiguiendo a la señora Rofa. Y finalmente cuando la Audiencia estima que no hay una organización creada para delinquir, ahí está la Junta de Andalucía, para decir ella misma, que en la Administración se dotó de una estructura paralela, sin funcionarios públicos para infringir el ordenamiento jurídico, y todo para justificar la presunción de culpabilidad de Rofa", precisa.

En este sentido, el letrado afirma que en la Junta hay 23.899 empleados que no son funcionarios públicos y, por tanto, siguiendo el "desarrollo del pensamiento de los letrados de la Junta, desde su contratación están a merced de sus superiores, autoridades y jefes, funcionarios públicos, donde éstos pueden compelirlos a realizar hechos penalmente perseguibles o delictivos". La Junta, prosigue con ironía, "contrata a otro personal, no funcionarial, a sabiendas de que están desprotegidos y quedan directamente a merced de sus superiores, pudiendo en cualquier momento y en cualquier departamento crearse una estructura paralela, lista, y totalmente engrasada para realizar los trabajos más siniestros dentro de la Administración. Es decir, casi un sindicato del crimen".

La defensa dice que los letrados de la Junta hacen unas "fabulaciones" que "no se las creen ni ellos"

El defensor atribuye a la "imaginación" de los letrados de la Junta las "fabulaciones" sobre la actuación que la ex empleada tenía con respecto a las ayudas, unas afirmaciones que "no se las creen ni ellos", añade el letrado, que insiste en que Rofa "nunca" ha realizado las labores que se le asignan por parte de los letrados de la Junta. Dice el abogado que el relato de la Juunta implica que tanto Rofa como Rodríguez "eran los únicos que trabajaban en la Dirección General de Trabajo, y tenían delegadas las competencias del director general. Es decir que en la dirección general se hacía lo que Rofa y Rodríguez indicaban y ordenaban, aparte de que ellos mismos se lo guisaban y se lo comían. Ellos estudiaban el problema, negociaban, resolvían, hacían los expedientes, llamaban por teléfono, ordenaban los pagos, despachaban con todas las autoridades necesarias, con las empresas, con el objetivo de hacer, proponer, seleccionar y pagar a los que ellos mismo decidían".

El letrado sostiene que Rofa siempre ha negado que tuviera "capacidad de contenido decisorio y capacidad para impedir la adopción de esas decisiones", ya que no tenía "ningún poder decisorio" en la tramitación de las ayudas, ni podía influir en el contenido de la decisión de sus superiores en cuanto al dictado de una resolución concreta ni en el pago de esas ayudas, que correspondían al director general y a la agencia IDEA. Por ello, según la defensa, Rofa "no tenía ninguna posibilidad de impedir tanto la adopción de resoluciones como el pago de las ayudas a que se referían las mismas". 

La juez Bolaños debe pronunciarse ahora sobre el recurso de la Junta, aunque con toda probabilidad confirmará su resolución anterior, y la Administración deberá acudir a la Audiencia de Sevilla si mantiene su planteamiento.