La Consejería de Hacienda envió ayer a Madrid una propuesta de cálculo de la llamada regla de gasto que le permitiría disponer de la totalidad del aumento de sus ingresos en 2016, que suman 1.712 millones de euros. La metodología ha sido enviada a la Intervención General del Estado y a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, un organismo incluido en el organigrama del Ministerio de Hacienda aunque es de carácter autónomo. Si la Junta no obtiene respuesta del Gobierno en el plazo de dos semanas, incluiría esos 1.712 millones de euros en el proyecto de Presupuestos de 2016 en los capítulos del gasto que considerase necesario, con especial atención a los servicios fundamentales y a la inversión. La Junta debe mandar el proyecto de ley al Parlamento antes de que finalice el mes de octubre, pero una formulación de la regla de gasto, tal como la ha explicado el Gobierno central, obligaría a Andalucía a pagar siete de cada 10 euros del aumento de los ingresos a paliar el déficit y a incrementar las amortizaciones a los bancos. De los 1.710 millones, sólo 509 millones servirían para una mejora en el gasto, 570 millones se destinarían a déficit y 632 millones se convertirían en "sobreamortizaciones" de la deuda, adelantos de pago a las entidades financieras.

El presupuesto de las comunidades ya está limitado por el objetivo de déficit, que en 2016 será del 0,3%. Esta reducción ha marcado los presupuestos de todas las administraciones desde el inicio de la crisis, un descenso que además se ha acometido en un contexto de fuerte reducción de los ingresos tributarios. Ahora, la economía ha mejorado, crecemos al 3% y la recaudación viene aumentando desde principios de año. El Gobierno central, por ejemplo, ha recaudado en Andalucía un 6,9% más en el primer semestre de este año. En definitiva, habrá más dinero de la recaudación esperada y, además, la Junta recibirá 959 millones de euros de la liquidación de 2014 debido a que Madrid calculó muy a la baja el incremento de ese año. En total, son los 1.712 millones de euros que Mariano Rajoy anunció en el mes de julio en Sevilla, pero el presidente obvió el condicionante de la regla de gasto, que obliga a la Junta a limitar el aumento de su presupuesto en un 1,8%, de tal modo que de ese total, sólo dispondría de unos 509 millones de euros; el resto, es para el déficit, algo que sí se tenía considerado, y para amortizar deuda de un modo más rápido. Un problema añadido es que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, recordó a las comunidades que deben cumplir con esta regla, pero no ha especificado cómo se calcula, es decir, que se desconocen si todas las partidas están afectadas. Ante ello, Hacienda ha enviado esta propuesta metodológica de cálculo que sirve para todas las comunidades.

Básicamente, la Junta deja fuera los 959 millones de la liquidación de 2014 al entender que es un dinero que debió de recibir el año pasado y que, por tanto, no tiene que ver con un crecimiento de su gasto porque es una cantidad que podía haber sido empleada si el Gobierno hubiese ajustado más su cálculos. Además, libra del aumento del gasto imputable a partidas como la inversión, los servicios básicos, los fondos europeos o el fondo de compensación interterritorial. Si se aplicase su regla, estarían disponibles los 1.712 millones de euros a excepción de 509 que deben utilizarse para pasar de un déficit del 0,7% en 2015 al 0,3% en 2016.

La regla de gasto, una obligación de la Comisión Europea que se inserta en la ley de estabilidad presupuestaria, está concebida para que, en tiempos de expansión económica, los ingresos coyunturales no se destinen a gastos consolidados de los que no se pueda disponer en tiempos de crisis y sean el origen de otros problemas de déficit. La Junta comparte este principio básico, respeta el límite del 1,8%, pero entiende que el gasto que va a realizar no se destina a ello, sino en la recuperación de los servicios fundamentales. Si no es así, se explica en el informe, "nos encontraríamos con que la aplicación de la regla de gasto a las comunidades autónomas supone dejar anclado el gasto en un nivel claramente insuficiente para continuar prestando servicios públicos fundamentales de calidad". Es decir, que la regla no mantenga la foto fija de los servicios de la crisis. "No sería comprensible por la ciudadanía que, después de varios años de intenso ajuste (…), esos ingresos, que no son inesperados, fueran destinados a llevar a cabo una amortización acelerada de la deuda".