Nula sintonía es la que hay entre el Gobierno andaluz y el principal partido de la oposición ante la que, por fin, parece ser la cuenta atrás para la aprobación las leyes de Régimen Local y de Participación de los ayuntamientos en los tributos de la comunidad. La confrontación reapareció ayer en la escena política: la Junta cree que tras el informe del PP sobre la discriminación a sus ayuntamientos en la concesión de subvenciones, lo que se esconde es una estrategia de "tambores de guerra" para sus alcaldes, y así dinamitar el consenso que se persigue para estas normas.

El consejero de Gobernación, Luis Pizarro, tiró por tierra el valor del documento calificando de "absolutamente falso" que la Junta sea "sectaria" en el reparto de fondos, y rechazó de plano que los ayuntamientos del PP reciban un 55% menos de lo que les corresponde en función de su población. La única interpretación posible que encontró para este dossier, aparte de ser un intento del presidente del PP-A, Javier Arenas de ocultar su "debilidad política", es que se quiere caldear el ambiente ante el que será uno de los momentos clave del próximo curso político.

Ante esta "estrategia" del PP, reforzada con un anuncio de posibles movilizaciones de sus alcaldes, Pizarro no ocultó su preocupación, porque su resultado sería que los dos proyectos de ley no saldrían adelante con un voto unánime "de suma importancia y trascendencia" para los 771 ayuntamientos andaluces, e hizo un llamamiento a los tres partidos con representación parlamentaria para intentar alcanzar un "gran pacto".

La respuesta del PP-A vino de la mano de su secretario general, Antonio Sanz, que no sólo retó al PSOE a un debate para cotejar la "veracidad" de sus datos -a su juicio, "incontestables" por haber sido recabados en el BOJA de los años 2007, 2008 y de este año-, sino que acusó a Pizarro de buscarse "excusas" para poder justificar que las dos normas, que ya acumulan dieciocho años de incumplimientos, aún no estén registradas en el Parlamento.

Sanz consideró que "culpando" a la oposición lo único que hace la Junta es dar "síntomas de una pobre voluntad" de consenso que, por otro lado, se mostró convencido de que no tiene ningún interés en lograr.

Esta bronca coincide en la recta final de dos leyes vitales para la supervivencia financiera de los ayuntamientos, la mejora de su gestión y la ampliación de sus competencias, y que pese a su calado, vienen posponiéndose desde hace varias legislaturas, acumulando ya en la presente hasta tres retrasos. El último (en junio), precisamente, por el interés del Gobierno andaluz de que ambas salgan adelante por unanimidad y que motivó la creación de un grupo de trabajo en la Cámara autonómica que tendrá que tener lista su resolución para el próximo mes de octubre, el paso previo para su debate a finales de año. De ahí, que este cruce de acusaciones en poco o nada ayude en aras a un consenso que, sin embargo, los alcaldes sí parecen tener voluntad de alcanzar -aunque habido algún que otro vaivén-.

Esta predisposición, al menos, es la que mostraron hace seis meses cuando en unas jornadas sobre el Estatuto y la Ley de Régimen Local, hicieron un frente común y acordaron presionar a sus propios partidos para que aparcaran sus diferencias y fueran capaces de tener su misma sintonía en el Parlamento de manera que se avanzara ya definitivamente hacia la segunda descentralización.

La FAMP, además, ya terminó el pasado mes de noviembre un documento base para la negociación con el Gobierno andaluz de estas dos nuevas normas, de las que siempre ha reivindicado que deben ser discutidas de manera paralela.