La investigación abierta por la Fiscalía malagueña para determinar si la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), incurre en un delito por no ejecutar las sentencias de derribo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado pie a los máximos dirigentes de la Junta para cargar contra ella.

El más duro ha sido el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, que ayer comparó algunas prácticas de la regidora con las de Jesús Gil. Desde la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid, el presidente andaluz, Manuel Chaves, consideró que el Ayuntamiento ha dado "la callada por respuesta" a determinados requerimientos del Alto Tribunal.

Zarrías declaró que "le diría a la alcaldesa que la ley está para cumplirla", mientras que Chaves recordó que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que está en trámite y aún no ha sido aprobado definitivamente, es "competencia exclusiva del Ayuntamiento, que es el que tiene que tomar las decisiones correspondientes".

Sin embargo, ninguno aludió al hecho de que el Gobierno andaluz, que fue el que inicialmente pidió la ejecución de las sentencias de derribo en siete casos concretos, se ha posicionado, tras ser preguntado ahora por el TSJA, en el mismo sentido que el Ayuntamiento que encabeza Ángeles Muñoz, es decir, en esperar a la aprobación definitiva del PGOU antes de acometer posibles demoliciones.

El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, calificó de "auténtica desvergüenza" que "aquellos que tuvieron la responsabilidad de controlar el Urbanismo" en Marbella durante la etapa del GIL pretendan comparar ahora la actuación de la alcaldesa con la mantenida por los anteriores equipos municipales. El portavoz del grupo popular del Ayuntamiento de Marbella, Félix Romero, replicó que ha sido la Junta la que "ha hecho dejación de funciones en sus competencias de control urbanístico" y que el Consistorio no se niega a acatar los requerimientos judiciales, sino que ve "lo más razonable y beneficioso" esperar a que esté el plan.

A la espera de una conclusión definitiva acerca de los derribos, el Ayuntamiento de Marbella anunció ayer que disolverá los organismos Gerencia de Obras y Gerencia de Compras, creados por las corporaciones de la era GIL para contratar sin ningún control a centenares de personas y desviar ilícitamente fondos públicos. El coordinador general de Hacienda y Personal, Carlos Rubio, defendió la medida porque eliminará "la maraña de sociedades" que "más han perjudicado" a la Administración local.