El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes iniciar las "acciones judiciales que procedan" contra la Administración General del Estado al entender que el Ejecutivo central "ignora" el Estatuto de Autonomía de la comunidad en materia de inversiones.  Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, quien ha explicado que ayer lunes firmó "una orden" dirigida al gabinete jurídico de la Junta para que se emprendan estas "acciones judiciales" contra una decisión con la que el Gobierno de la Nación "no está reconociendo el derecho de Andalucía a recibir inversiones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en función de su peso poblacional" tal y como recoge la Disposición Adicional Tercera (DAT) del Estatuto.  

"El Gobierno de España ha mostrado que no se siente obligado por el Estatuto de autonomía para Andalucía. Lo puso hace aproximadamente un año por escrito el secretario de Estado de Hacienda y lo ha vuelto a trasladar por escrito también la actual secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos en respuesta a un requerimiento que le hice como consejero hace unos meses", ha explicado Ávila para criticar que el ministro del ramo, Cristóbal Montoro, diputado por Sevilla -ha apostillado-, opte por "ignorar el Estatuto que nos dimos todos los andaluces cuando diseña los PGE y cuando los ejecuta".  Ávila también ha justificado esta decisión de la Junta de "llegar a los tribunales" en que "el Gobierno andaluz va a seguir actuando en defensa de los intereses de Andalucía" ante la "imposibilidad de llegar a una solución pactada" con el Ejecutivo central en este asunto y ha aclarado que el recurso que interpondrá la Junta no será ante el Tribunal Constitucional, sino que irá por la vía de lo contencioso-administrativo.

Será así, según ha explicado, porque las acciones judiciales que va a emprender la Junta responden a un hecho "administrativo" como es la "respuesta negativa" dada por la secretaria de Estado de Hacienda a la petición de Andalucía de que se le informara de la "ejecución de las inversiones correspondientes a los años 2010-2012" y de que se convocase a la Comisión Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado para analizar en ella precisamente estas inversiones.  

"En la carta de respuesta se dice que la comisión bilateral no tiene competencias en materia de inversiones, lo que no es cierto, pero además, se nos remite a la información que hay en la página web del Ministerio, haciendo, si me lo permiten, un ejercicio de reírse de los andaluces con ese posicionamiento", ha censurado. Para argumentar el recurso de la Junta, el consejero también ha echado mano de una "referencia cuantitativa": la de que, en términos comparativos, la inversión por habitante del Estado en Andalucía ha disminuido "un 52 por ciento" en 2012-2013 respecto a 2011-2012 mientras que en el conjunto de España esta reducción ha sido del 42 por ciento. "Y eso es precisamente lo que se quiere blindar con nuestra Disposición Adicional Tercera. Que aumenten o disminuyan (estas inversiones), al menos sean en el mismo sentido que en el resto de España. Ni más ni menos", ha apostillado. 

Equivocación en la fundamentación

Ávila también se ha referido a los fundamentos planteados por la secretaria de Estado de Hacienda para rechazar el requerimiento de Andalucía y con los que, a su juicio, el Gobierno demuestra que "no se toma en serio" al Estatuto andaluz.  "Es curioso que la secretaria de Estado cita una sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 que hace referencia al Estatuto de Cataluña pero señalando como argumento el fundamento 181 cuando ésta es una sentencia que tiene 147 fundamentos", ha advertido.  

Aunque a preguntas de los periodistas ha atribuido este hecho a "una equivocación" numérica que podría hacer referencia al fundamento 138 y no al 181, el consejero ha insistido en que forma parte "de ese despropósito general de no querer recoger una metodología que está firmada por el director general de Presupuestos de la Administración General del Estado además de por representantes del Gobierno andaluz". Tras lamentar esta "falta de respeto" y de "atino" por parte del Gobierno central, el consejero ha rechazado además la comparación realizada por la Secretaría de Estado entre el Estatuto de Autonomía para Cataluña y el de Andalucía en su misiva. Así, ha explicado que, pese a que el catalán también tiene una disposición que hace referencia a un porcentaje de las inversiones del Estado para la comunidad, ha puesto el acento en que el Estatuto andaluz "no ha sido recurrido por el PP como sí lo fue el de Cataluña".  

"El Estatuto de Autonomía para Andalucía fue votado positivamente por el PP, y no lo fue el catalán; y el Estatuto de Autonomía para Andalucía fue además solicitado el voto a favor por parte del PP en referédum, no así en el caso catalán. Así que creo que son dos temas radicalmente diferentes", ha remachado.