Una de cada tres prestaciones otorgadas en la Ley de Dependencia es una paga económica. Trabajadores sociales de la red coordinada entre la Junta y los ayuntamientos evalúan al dependiente y acuerdan con los familiares de los solicitantes beneficiados las ayudas que les parezcan más adecuadas, bien una prestación económica o un recurso asistencial como servicio de ayuda a domicilio teleasistencia,centros de día o residencias. Un equipo de la Junta otorga la autorización definitiva. Antes de 2007, cuando se modificó el decreto, el criterio familiar era el único a tener en cuenta.

Ahora, la Administración andaluza pedirá el día 27, en el Consejo Territorial de Dependencia -que reúne al Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos-, una reforma en el procedimiento de asignación de servicios por la cual "prime el criterio del profesional por encima del familiar" a la hora de decidir qué tipo de prestación se concede finalmente. "A un médico nadie le discute en su diagnóstico", ejemplificó ayer Micaela Navarro, consejera de Igualdad y Bienestar Social.

Navarro, en un desayuno informativo organizado ayer por el Club Antares, pidió respeto para los profesionales que evalúan a los dependientes, "que a veces median entre los distintos integrantes de una familia, cada uno con su opinión de cuál es el mejor recurso". La consejera abogó por abrir una reflexión acerca de si "el criterio familiar tiene que primar en la decisión porque, aun siendo importante, no tiene por qué ser definitivo".

Las declaraciones de la consejera sobre la profesionalidad en la decisión tenían intrínseca la respuesta a las "sospechas" de comunidades del PP sobre que en Andalucía pudiera haber un "fraude de ley" por la cantidad de solicitudes recibidas, la primera de España con más de 200.000, y las prestaciones económicas aprobadas, que incluso fueron calificadas por fuentes populares como un Plan de Empleo Rural (PER) encubierto.

La consejera defendió la aplicación de la ley en la comunidad y tildó de "gravísimas" las acusaciones a los más de 1.600 trabajadores que realizan las valoraciones. La gran cantidad de familias que han demandado una paga económica, un recurso excepcional en la ley, "ha sorprendido" a todas las comunidades, expuso la consejera, que rechazó tajante que esa opción se deba a un déficit en los recursos asistenciales, como han sugerido algunas instituciones. "Pagamos todos los meses plazas concertadas que no están ocupadas", expuso. Una plaza en un centro cuesta a la Administración unos 1.500 euros mensuales frente a una paga económica que oscila entre 300 y 600 euros, por lo que Navarro también descartó que el número de pagas se deba a que sea más barato. De los 81.624 dependientes que ya perciben las ayudas en la comunidad, 32.500 se han inclinado por la prestación económica.