La Junta de Andalucía realizó el año pasado 2.521 inspecciones en centros de servicios sociales públicos y privados, de los cuales dos fueron clausurados cautelarmente y en 30 se iniciaron expedientes sancionadores. El resto, un 94% de los centros, cumplió con la normativa del plan de inspecciones autonómico.

Ése fue el resultado del informe presentado por la titular de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, en el que se recogía el balance de las inspecciones llevadas a cabo y del que derivó la clausura cautelar de un centro de personas mayores y otro de atención a la drogodependencia, cuyos detalles no fueron difundidos por la consejera, quien avisó de que, en tal caso, estaría contraviniendo la normativa del plan de inspecciones.

El plan de la Junta, que prevé para el año en curso otras 2.500 inspecciones, registró asimismo 3.993 entrevistas a usuarios y familiares en centros residenciales y en las unidades de estancia diurna, que registraron un nivel medio de satisfacción superior al 98%, informó la consejera del ramo en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno.

Más de la mitad de las inspecciones -1.367- se realizaron en centros de atención a personas mayores. El informe destaca que un 99,6% de ellas presentaron un aspecto externo idóneo en relación a su higiene y aseo, mientras que un 97,8% de los usuarios expresó su satisfacción con el trato y la atención recibida.

El 99,3% de los centros, señaló Sánchez Rubio, contaron con plan de autoprotección; el 99,3% con las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas; el 97,6% tuvo una programación anual de actividades y el 96,3% lo hizo con planes personales de apoyo. En el 98,5% de casos se ofreció una alimentación idónea en cantidad y en calidad y adaptadas a las necesidades.

La inspecciones restantes se llevaron a cabo en centros de personas con discapacidad (642 visitas), de afectadas por enfermedad mental (199), de infancia (192) y de atención a personas drogodependientes y con problemas de adicciones (35).

En cuanto al motivo de los controles, 2.279 correspondieron a la labor inspectora ordinaria, 143 tuvieron carácter extraordinario y 99 se realizaron a raíz de denuncias por omisiones y por prestaciones inadecuadas en tratamientos asistenciales, sanitarios o farmacológicos; incumplimientos en la ratio de personal asistencial y en aspectos relacionados con la alimentación; vulneración del derecho a un trato digno e incumplimientos de condiciones mínimas.