El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes un plan de retirada progresiva del amianto en los centros escolares públicos andaluces y destinará a esta actuación 60 millones entre 2016 y 2022, aunque ha asegurado que "no hay ninguna situación de riesgo para la salud en ningún centro". 

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha destacado que Andalucía con esta planificación es pionera en España y, además, se adelanta en seis años al plazo de 2028 fijado por Europa para tener diseñados planes de retirada del amianto. 

Unos 220 colegios e institutos andaluces podrían tener materiales con contenido de amianto, que en su mayor parte (un 95 %) estaría en las cubiertas de las edificaciones, y suponen el tres por ciento del total de los centros públicos. 

Este año se acometerán por vía de urgencia una treintena de intervenciones en las infraestructuras educativas donde se constata riesgo de desprendimiento de fibras. 

Los trabajos se realizarán de forma compatible con el calendario escolar, para no interferir en el funcionamiento de los centros y según la normativa vigente. 

La Junta ya ha realizado trabajos de eliminación de amianto en 54 centros, según el portavoz del Gobierno, que ha explicado que la prioridad de las actuaciones se establecerá por criterios técnicos. 

El programa, aprobado este martes, se desarrollará en dos etapas: en la primera entre 2016 y 2020, con un coste de 40 millones, se elaborará un registro de instalaciones, tanto de titularidad municipal como autonómica (escuelas infantiles, colegios de Infantil y Primaria, institutos de Educación Secundaria, centros de Educación Especial, Escuelas Oficiales de Idiomas, centros de enseñanzas artísticas y residencias escolares). 

La segunda etapa entre 2021 y 2022, con un coste estimado de 20 millones, se centrará en el resto de instalaciones afectadas. 

Vázquez ha destacado que la Junta ha cumplido en un plazo récord de quince días su compromiso con la comunidad educativa andaluza de tener listo un plan para la retirada progresiva del amianto, que -ha recordado- también se ha usado en toda España hasta su prohibición en el año 2002. 

Ha reclamado un plan nacional de retirada del amianto en toda España para que se haga de forma coordinada entre todas las administraciones afectadas. 

Las firmas encargadas de la retirada del material deberán pertenecer al registro de empresas con riesgo por amianto. 

Asimismo, el plazo y los recursos asignados a cada intervención dependerán de la conservación y vida útil del material evaluado, de su dimensión, de su mayor o menor accesibilidad y de si requiere o no material de reposición. 

El Ejecutivo andaluz recuerda que la presencia de fibrocemento no debe ser motivo de alarma para la comunidad educativa y sólo si el material se manipula, perforándolo o cortándolo, o en menor medida si se rompe, puede haber riesgo de desprendimiento de partículas de amianto.